El Ministerio de Economía ha oficializado los nuevos cuadros tarifarios para la energía eléctrica y el gas natural que regirán a partir de hoy. La novedad no es solo el ajuste por inflación y costos de generación, sino la poda drástica en el registro de subsidios (RASE). Miles de usuarios que hasta ahora gozaban de la tarifa social han sido recategorizados como N1 (ingresos altos) al cruzar datos de consumo con gastos de tarjeta de crédito y viajes al exterior. El objetivo es reducir el gasto en subsidios a menos del 0,5% del PBI para 2026.
El impacto en las facturas será sensible, especialmente por el mayor uso de aires acondicionados que se prevé para un verano caluroso. Las distribuidoras advierten que, sin subsidios, una familia tipo en el AMBA podría pagar facturas superiores a los $150.000 mensuales. El Gobierno justifica la medida asegurando que “la energía cuesta y hay que pagarla”, y que el sistema anterior era profundamente inequitativo con el interior del país, que siempre pagó más caro.
La contracara positiva es la normalización del servicio. Las empresas transportistas y distribuidoras han retomado planes de inversión que estaban congelados, lo que debería redundar en menos cortes de luz masivos durante las olas de calor. Sin embargo, la tolerancia social al ajuste tarifario está al límite tras dos años de correcciones constantes.
En los despachos oficiales, se monitorea el impacto de esta medida en el IPC de diciembre. Saben que es una medida impopular, pero necesaria para consolidar el superávit fiscal y liberar recursos para la baja de otros impuestos distorsivos en el futuro.
