La prórroga fue oficializada mediante la resolución 130 de la Secretaría de Energía, publicada en el Boletín Oficial, que establece que Hidroeléctrica Futaleufú continuará operando la central hasta el 15 de diciembre.
La concesión original de la represa, otorgada en 1995 por un plazo de 30 años, vencerá el 15 de junio de 2025, lo que ha dado lugar a un período de transición destinado a asegurar la continuidad del servicio y facilitar la preparación de una nueva licitación pública nacional e internacional.
Siguiendo el precedente de las represas del Comahue, cuyo proceso de reprivatización culminó a fines de 2025 con una licitación total de US$700 millones, el Gobierno planea anunciar en las próximas semanas nuevas concesiones para Futaleufú y otras seis generadoras hidroeléctricas, cuyos contratos también expiran entre este año y fines de 2026.
La resolución que extiende la operación de Futaleufú también ratificó un acuerdo de suministro eléctrico con Aluar, garantizando la provisión de energía a su planta industrial en Puerto Madryn bajo las condiciones establecidas en 1994. Adicionalmente, se exige a la concesionaria que actualice su garantía de cumplimiento del contrato a un mínimo de US$1,5 millones.
Si la empresa no acepta la extensión de la concesión hasta diciembre, se le solicitará que mantenga la operación de la central por un periodo mínimo de 90 días más, asegurando así la transición y evitando interrupciones en el servicio.
Durante todo este período de transición, la Subsecretaría de Energía Eléctrica asumirá el rol de veedora del sistema, y se ha invitado a la provincia de Chubut a designar un representante para colaborar en la vigilancia del proceso.
La central hidroeléctrica Futaleufú se encuentra actualmente bajo la concesión de Hidroeléctrica Futaleufú S.A., donde Aluar posee el 60,20% de las acciones, mientras que la provincia de Chubut cuenta con un 33,51% y el resto se reparte entre accionistas minoritarios.
Aluar, una de las principales productoras de aluminio de la región, es parte del conglomerado liderado por el empresario Javier Madames Quintanilla. Este mismo empresario fue responsable del cierre definitivo de Fate en febrero, lo que generó un conflicto al despedir a 920 operarios, una situación que aún se encuentra judicializada.
El Gobierno había expresado su contundente reproche hacia el empresario, no por el cierre en sí, sino por el timing de su anuncio, que coincidió con la discusión sobre la reforma laboral, uno de los ejes centrales de la administración de Javier Milei.
Asimismo, a finales de febrero, el Gobierno eliminó la protección antidumping que favorecía a Aluar, permitiendo la importación de foil de aluminio de China sin el recargo del 28% que estaba en vigor desde 2020. Esta decisión afectó directamente a la compañía y forma parte de una serie de medidas destinadas a desmantelar protecciones que, según el oficialismo, habían encarecido precios y perjudicado a los consumidores.
La prórroga de la concesión de Futaleufú forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno que contempla la reprivatización de otras seis represas hidroeléctricas con contratos que también deberán renovarse entre noviembre de 2025 y julio de 2026.
Entre las represas incluidas en esta lista se encuentran Cabra Corral, El Tunal, Ullum, El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo. Enarsa, la empresa estatal encargada de supervisar estas centrales, ha llevado a cabo una auditoría técnica para evaluar el estado de las maquinarias y las inversiones necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de los complejos en el marco de una futura reprivatización.
