La decisión judicial, contenida en un extenso documento de más de 200 páginas, establece que “si bien no toda maternidad subrogada es delictiva, esta se convierte en trata cuando el acuerdo está mediado por la explotación, el abuso de poder y la desprotección absoluta de la gestante”.
Las autoridades están investigando supuestas acciones relacionadas con la “gestación por sustitución”, mejor conocida como “maternidad subrogada”.
El juez federal de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, enfatizó: “La instrumentalización del cuerpo reproductivo de mujeres vulnerables con finalidad de lucro, mediando aprovechamiento deliberado de su situación de vulnerabilidad, constituye una modalidad de servidumbre”.
Se alega que Alzaa, de acuerdo con informes, bajo la fachada de una fundación sin fines de lucro, atrajo a mujeres en situaciones vulnerables (desempleadas y con hijos a cargo) utilizando la base de datos de donantes de óvulos de su propia clínica. Además, se le acusa de realizar “transferencias embrionarias sin autorización judicial previa”, lo que se consideraría un intento de eludir el control sobre el consentimiento.
El fallo también menciona que otros acusados han sido sobreseídos por falta de mérito, según información obtenida.
La investigación se inició hace meses tras una denuncia anónima a la Línea 145, lo que permitió la recopilación de declaraciones cruciales.
Actualmente, la maternidad subrogada no cuenta con una regulación específica a nivel nacional, lo que genera un vacío legal en torno a su práctica, que es legal únicamente si hay una autorización judicial previa. Cabe señalar que la subrogación onerosa está prohibida en el país, lo que significa que la gestante debe actuar por motivos de solidaridad, y en algunos casos se exige incluso un vínculo afectivo o familiar.
