Mientras tanto, el Poder Judicial demora el análisis del problema, alegando que el delito no se ha consumado lo suficiente como para interferir con una licitación que avanza con rapidez. Esto ignora las advertencias de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que está preparando un nuevo informe que señalará las opacidades del proceso, el cual parece ser un calco del pliego anulado del año anterior. La controversia ha trascendido fronteras y captado la atención internacional.
Una reciente sorpresa surgió con la apertura de las ofertas económicas, donde la evaluación técnica prevalecía, en la que Jan de Nul obtuvo una ventaja significativa. La empresa DEME, la única competidora, emitió un comunicado sugiriendo la posibilidad de una acción legal desafiante, aunque esto se interpreta como una jugada estratégica, según fuentes cercanas al proceso. Ambas empresas propusieron un peaje de u$s3,80 por tonelada de registro neto en la etapa inicial, una cifra que se elevará posteriormente. Este precio, presentado como “mínimo”, carece del estándar de una licitación adecuada, lo que es una situación inusual en este tipo de procesos.
El Gobierno brasileño ha defendido un supuesto ahorro del 13% en las actuales condiciones, omitiendo la realidad de que el pliego funcionó como un simulador, donde ambas empresas realizaron idénticas ofertas para cumplir con los requisitos del mismo, favoreciendo a Jan de Nul en el camino hacia la adjudicación.
El peaje representa un componente crucial del costo de transporte y tiene un impacto directo en la competitividad de las exportaciones. Con estas tarifas, o con posibles aumentos, las corporaciones cerealeras no dudarán en trasladar esos costos a los pequeños y medianos productores que necesiten comercializar su producción, lo que estrechará sus márgenes de ganancia, sin que la cadena de intermediación se vea afectada.
A nivel internacional, se han encendido alertas en Estados Unidos. Según el medio The Floridian, que hizo eco de una reciente visita de Santiago Caputo a autoridades legislativas, se compartió información de inteligencia relacionada con la Hidrovía. Más allá del interés habitual de la DEA en el estratégico punto portuario con dirección a Europa, las autoridades republicanas han detectado conexiones ocultas con China, algo que el gobierno de Milei había desmentido. El pliego en cuestión excluyó a empresas con participación estatal, dejando fuera a las chinas de la competencia.
El informe menciona un registro de encuentros entre representantes de la embajada china y la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que es dirigida por Iñaki Arreseygor. Se han contabilizado al menos 255 puntos de contacto desde septiembre del año pasado hasta mayo. Las agencias de inteligencia han determinado que se han realizado viajes de representantes diplomáticos a lo largo del río, vigilancia que ha levantado sospechas. Más relevante aún, se ha encontrado que la empresa Servimagnus estaba promoviendo tecnología china en Argentina, incluso mediante un intermediario que oculta relaciones con el gobierno chino.
Los datos indican que la ANPyN tuvo constantes interacciones con el consorcio después del lanzamiento de la licitación, algo que está en desacuerdo con las normas de transparencia requeridas para este proceso. Servimagnus, que ofrece diversas soluciones de infraestructura portuaria, ya opera en la Hidrovía y está vinculada al conglomerado Loginter, que busca adquirir el 50% del negocio de la Hidrovía tras la posible victoria de Jan de Nul. Este escenario abriría la puerta al ingreso encubierto del Grupo Neuss, construyendo así un entramado de control energético y logístico que tiene el ojo puesto en las relaciones con gigantes como Huawei y Cosco.
El Grupo Neuss también ha generado preocupación en Estados Unidos por sus conexiones con empresas chinas. La inquietud fue planteada a Santiago Caputo por legisladores estadounidenses, quien rechazó las acusaciones asegurando que la administración Milei es “proamericana y opuesta a China”, insistiendo en que la influencia china en el dragado sería marginal. También se le preguntó sobre las interacciones con la ANPyN, sin que se conociera su respuesta.
El senador Marco Rubio ha comenzado a examinar la licitación como un objetivo estratégico a seguir, mientras que Brian Mast, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, envió una carta manifestando su preocupación por la “influencia malévola” que puede tener China en el contrato. Aunque todos han negado tal alianza, aún no se ha presentando evidencia que confirme lo contrario.
De acuerdo con la información obtenida, la empresa brasileña DTA Engenheria Ltda, que quedó fuera de la contienda, ha designado expertos para analizar el pliego y sus implicaciones. Ha sido la primera en alertar sobre la existencia de un documento falso de apoyo de Naciones Unidas, presentado como un aval legítimo por el gobierno.
DTA Engenheria ha solicitado a la UNCTAD que confirme o desmienta la autenticidad de dos documentos utilizados en la licitación por Jan de Nul, aduciendo que el “aval” contiene anomalías técnicas que ponen en duda su veracidad. Dichos documentos, fecha de elaboración y firmas han sido cuestionadas, lo que llevó a solicitar a la UNCTAD una verificación satisfactoria respecto a su autenticidad y requisitos formales.
