Decidió devolver la prenda y solicitar la devolución del dinero. Tras no recibir respuesta, inició acciones legales, y la Justicia determinó que debía recibir más de $1.100.000.
El vestido, en tonalidades azules, debía estar listo para una de las celebraciones más significativas en la vida de la adolescente, pero el resultado final no cumplió con las expectativas.
La mujer había optado por un paquete integral que incluía además del vestido, servicios de peinado, corona o tocado, una sesión fotográfica y maquillaje, con la fecha límite de entrega fijada para diciembre de 2025.
El costo pactado fue de $650.000, que la cliente abonó en dos cuotas. Sin embargo, al realizar las pruebas del vestido, comenzó a notar discrepancias respecto a sus requerimientos, lo que llevó a un extenso período de reclamos.
En su demanda, expuso que el talle, color, largo y costuras no correspondían con lo solicitado; además, mencionó otros detalles de confección que no cumplían con lo convenido, y al momento de la entrega, surgieron nuevos problemas.
La mujer documentó su reclamo con fotos del vestido y capturas de los intercambios mantenidos con la diseñadora. Las imágenes revelaron detalles inapropiados, como costuras hechas con hilos de distintos colores y variaciones en los tonos de las polleras, además de un cumplimiento deficiente del servicio prometido.
Dado que la creación no coincidía con lo que había contratado, la clienta tomó la decisión de devolver la prenda, sugiriendo que se tratara como un alquiler y solicitando la restitución de $300.000, monto que consideraba el valor para ese tipo de modalidad.
No obstante, como se indicaba en el expediente, hasta ese momento no había recibido el reintegro a pesar de haber regresado el vestido al local.
La mujer buscó resolver la situación antes de iniciar el proceso judicial, pero no tuvo éxito. Cuando el caso fue llevado al Juzgado de Paz de la 4ª Circunscripción Judicial de Cipolletti, se estableció una audiencia de conciliación. La demandada, aunque fue notificada, no se presentó ni respondió a la demanda.
Por este motivo, el juzgado aplicó el apercibimiento estipulado por el Código Procesal, dando por aceptados los hechos y la documentación presentada por la reclamante.
La jueza Gabriela Montorfano evaluó la situación bajo el marco de un contrato de consumo y concluyó que la mujer había probado el pago de los $650.000, así como la deficiente confección del vestido.
El fallo señaló que la prenda no cumplió con las condiciones pactadas y que la atención a los reclamos de la clienta fue insatisfactoria.
La mujer solicitó un total de $1.650.000, desglosado en $650.000 por daño patrimonial, $500.000 por daño extrapatrimonial y otros $500.000 por daños punitivos. La Justicia reconoció el daño patrimonial y ordenó la devolución de los $650.000, sumando los intereses calculados desde las fechas de los pagos.
Al momento del fallo, los intereses alcanzaban los $503.746,52, sumando un total de $1.153.746,52. Sin embargo, dos de las partidas reclamadas fueron desestimadas.
La jueza rechazó el pedido de $500.000 por daño extrapatrimonial, señalando que la afectada directa era la hija de la demandante, quien debería haber vestida la prenda en su celebración, y concluyó que la madre no tenía legitimidad para hacer este reclamo.
Igualmente, se rechazó la solicitud de daño punitivo de $500.000, al considerar que, aunque hubo incumplimiento contractual, no se presentó evidencia suficiente que justificara tal sanción.
