“Sin una recomposición urgente de los valores y la regularización de los pagos adeudados, las instituciones no pueden afrontar la compra de insumos críticos ni cumplir con las obligaciones salariales y honorarios profesionales. Ratificamos que estas medidas buscan garantizar la continuidad mínima de los servicios y evitar el colapso del sistema. Hacemos responsable al Estado nacional por el impacto sanitario que esta situación genera en los afiliados al PAMI,” comentaron desde CAPRESS (Cámara de Prestadores de Salud de la Seguridad Social).
Además, señalaron que las próximas acciones incluirán la suspensión de atención programada en consultorios externos, limitando únicamente el seguimiento de pacientes con patologías crónicas críticas preexistentes y la suspensión indefinida de “cirugías y procedimientos programados” que no sean urgentes.
En las últimas semanas, el Gobierno ha comenzado a considerar una recomposición presupuestaria para evitar una crisis mayor. Según trascendió en Casa Rosada, se busca activar partidas gracias a una decisión de Luis Caputo, el titular de Hacienda, quien es responsable de la asignación de fondos. Sin embargo, aún no se han comunicado novedades al respecto.
Por su parte, Esteban Leguízamo, titular del PAMI, aseguró que el organismo “no está en una crisis profunda, está sufriendo un estrés financiero y lo estamos ordenando.” Esta declaración, realizada el 20 de mayo, se produjo para evidenciar que hay gestión para enfrentar las dificultades.
“La gente vive más, y por suerte vive más, porque eso es un logro de la medicina. Pero esto conlleva a un reordenamiento del sistema, a mayores gastos en enfermedades crónicas y medicamentos, y esto impacta directamente al instituto,” subrayó el funcionario en su más reciente entrevista.
