La acción fue presentada por las diputadas Ana María Ianni y Florencia Carignano, así como por los senadores Adán Bahl y Jorge Capitanich, quienes forman parte de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones. Este recurso se dirige contra la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), dependiente del Ministerio de Economía, que tiene a Diego Martín Chaher como responsable.
Los legisladores han pedido que la Justicia ordene la entrega inmediata de dos documentos esenciales: el texto completo de la Resolución ATEP 1/2026, que declaró reservada la información sobre las tasaciones de las empresas públicas, y el informe integral de valuación de AySA, que incluya sus criterios metodológicos, proyecciones económicas y tasa de descuento aplicada.
Asimismo, solicitan la suspensión del procedimiento de adjudicación de la Licitación Pública Nacional e Internacional 504/2-0003-LPU26, así como que el Gobierno se abstenga de firmar el contrato de concesión o transferencia accionaria hasta que se entregue la información solicitada.
Desde Unión por la Patria, buscan evitar la venta de esta empresa pública alegando falta de transparencia. En su escrito, advirtieron que “se consolidará un daño irreversible sobre el patrimonio público nacional”, destacando que avanzar con la operación sin conocer la valuación oficial dificultaría el control sobre si el precio de venta se corresponde con el valor real de la compañía.
Uno de los puntos más críticos de la presentación judicial es la decisión de la ATEP de mantener bajo reserva los informes de tasación de las empresas en proceso de privatización. Según los legisladores, la ATEP dictó la Resolución 1/2026 el 1 de abril de 2026, estableciendo el carácter reservado de esos documentos, aunque sostienen que dicha norma no fue publicada en el Boletín Oficial.
Argumentan que esta decisión contradice la Ley de Acceso a la Información Pública 27.275 y el principio de publicidad de los actos de gobierno, enfatizando que “toda la información en poder del Estado es, por definición, accesible”, salvo las excepciones estipuladas en la ley.
Asimismo, manifestaron su descontento con la negativa de la ATEP a sus solicitudes de información realizadas el 12 de agosto y el 28 de septiembre de 2026, a las cuales la agencia respondió invocando la reserva y cuestionando la legitimidad de los legisladores para hacer tales pedidos.
Los denunciantes creen que esta negativa no solo vulnera el derecho al acceso a la información pública, sino que también impide el control que el Congreso debe ejercer sobre los procesos de privatización. También resaltaron que la Comisión Bicameral tiene poderes específicos para supervisar estas privatizaciones y recibir información pertinente, citando el artículo 14 de la Ley 23.696 que establece que debe ser informada sobre las circunstancias relacionadas con esos procesos y la documentación correspondiente.
Desde esta perspectiva, los legisladores argumentan que la ATEP no puede invocar una reserva general que impida a la Comisión Bicameral conocer la valuación de una empresa estatal en proceso de venta.
El documento incluye una enérgica declaración donde se subrayan las consecuencias de esta negativa: “La negativa de la ATEP a exhibir la matriz metodológica de la tasación cercena la competencia misma de la Comisión Bicameral, sumiendo al Congreso en una ceguera deliberada que le impide evaluar si la adjudicación resguarda el interés público o consuma un desfalco al erario nacional”.
Los legisladores también desestiman que la tasación pueda considerarse un secreto comercial que pueda oponerse al Congreso y a la ciudadanía. Argumentan que los sobres con las ofertas económicas ya han sido presentados e incorporados al expediente, por lo cual la divulgación de la valuación oficial no otorgaría ventaja competitiva a los oferentes.
El amparo plantea objeciones al proceso que, según los denunciantes, ha implementado el Poder Ejecutivo para determinar el valor de las empresas estatales en privatización. Los legisladores sostienen que, conforme a la Ley Bases 27.742 y su normativa reglamentaria, se habría removido al Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN) de su función como organismo competente en estas valuaciones, reduciendo la tarea a una unidad especial del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que utiliza el método de Flujo Neto de Fondos Descontados.
Critican este enfoque, afirmando que puede llevar a una subvaluación de los activos estatales, apoyándose en proyecciones de ganancias futuras hipotéticas. Por ello, además del informe de AySA, requerirán al Tribunal de Tasaciones de la Nación la documentación relacionada con las evaluaciones, las actas de su cuerpo colegiado y la Resolución TTN 88/2025.
El objetivo es esclarecer cómo se realizó la tasación, qué organismo participó y cuáles fueron los parámetros empleados para fijar el valor de la empresa. Este planteo cautelar se sustenta en el riesgo de que la operación avance antes de que los órganos de control puedan acceder a la documentación requerida.
Se argumenta que, si se adjudica la licitación y se concreta la transferencia accionaria sin conocer la tasación oficial, cualquier resolución posterior podría resultar insuficiente para remediar el daño ocasionado.
Advierten que la venta de un activo estatal sin posibilidad de confrontar su valuación podría causar “una lesión grave e irreparable al erario público”. También enfatizan que la suspensión solicitada sería temporal y no implicaría cancelar la privatización, sino hacerlo depender del cumplimiento con el deber de informar.
“El verdadero interés público radica en la transparencia, la legitimidad y la protección del erario público, principios que prevalecen decididamente sobre la prisa administrativa por adjudicar un activo estratégico, bajo el manto del secreto”, subrayaron.
Finalmente, pidieron que se declare la nulidad de la reserva establecida por la Resolución ATEP 1/2026 y que se ordene la entrega de esta norma junto con la tasación completa de AySA. La presentación incluye como prueba los reclamos administrativos realizados ante la agencia, la respuesta firmada por Chaher el 1 de octubre de 2026 y una denuncia presentada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. El objetivo central del amparo es que la Justicia exija al Gobierno hacer pública la tasación oficial de AySA antes de proceder con la adjudicación de su privatización. La acción recayó en el juzgado Contencioso Administrativo Federal a cargo de Santiago Carrillo, y también se encuentra en trámite una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.
