“No se trata de temer a la tecnología, sino de encontrar la mejor forma de convivir con ella. Nos invita a mejorar en el análisis de los casos”, afirmó el juez federal Ariel Lijo, quien fue el primero en abrir la jornada organizada por una revista asociada con un grupo de medios.
Estadísticas de la Oficina de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura indican que el 70% de los jueces y juezas ya utilizan inteligencia artificial en su labor.
“Al igual que internet, la inteligencia artificial está promoviendo un proceso de democratización”, sostuvo Lijo, quien recordó sus tiempos como estudiante de la “universidad pública y gratuita”—institución que actualmente enfrenta cuestionamientos bajo el gobierno de Javier Milei. Durante su época de estudiante, tenía que adquirir apuntes o alquilar libros. “Acceder a la jurisprudencia era un arte”, comentó en tono de broma. Hoy, gracias a la tecnología, fallos y libros son fácilmente accesibles con un clic.
En el Juzgado Federal 4, donde ejerce desde 2004, se planea implementar un piloto de inteligencia artificial denominado “ecosistema judicial inteligente”.
El proyecto abarcará etapas que van desde la automatización de tareas administrativas hasta el análisis judicial y recomendaciones legales. “Es fundamental que cada etapa cuente con un proceso de auditoría. Lo que importa es mejorar el servicio, que está destinado al usuario”, destacó. En esa línea, consideró que la inteligencia artificial podría ser útil para traducir los fallos de los jueces a un lenguaje claro y preciso.
Mientras Lijo ofrecía una perspectiva optimista sobre la tecnología, Fabricio Guariglia, director de la oficina en La Haya de la Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo, presentó una visión más pesimista. Antes, había ocupado el cargo de director de investigaciones en la Corte Penal Internacional.
Guariglia detalló que se utiliza inteligencia artificial en el análisis criminal—para cruzar datos, identificar patrones y establecer relaciones. Sin embargo, también señaló que muchos países la emplean en conflictos para elaborar listas de objetivos, una tarea que solía ser realizada por analistas de inteligencia.
Asimismo, mencionó que la tecnología se usa para identificar personas, aunque esto presenta problemas; por ejemplo, genera falsos positivos debido a los sesgos en su funcionamiento. El cruce de datos es útil cuando se manejan conjuntos estructurados, como listados de llamadas telefónicas.
Comparando su experiencia en el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia con su trabajo actual en Ucrania, Guariglia relató que en el pasado debía seleccionar documentos para traducciones, una tarea que ahora se facilita gracias a la inteligencia artificial en pocas horas.
El abogado, graduado de la Universidad de Buenos Aires, advirtió sobre los riesgos que conlleva este tipo de tecnología, como el control de la información y la retención de documentos por parte de empresas proveedoras. En este marco, explicó que la Corte Penal Internacional dejó de utilizar un determinado servicio tecnológico debido a preocupaciones sobre el control de la información. Un documento confidencial que se filtre podría poner en peligro la vida de un testigo o informante.
En el debate también participaron Sofía Adrogué, jueza distrital de Texas, y George Hanks, juez federal del mismo estado.
“Los tribunales deben priorizar la transparencia. La inteligencia artificial puede ser valiosa para procesar información, pero las partes involucradas tienen derecho a saber de qué manera la estamos utilizando”, subrayó Hanks, quien mencionó casos donde la tecnología fue mal utilizada por jueces, quienes terminaron citando jurisprudencia inexistente.
Lijo destacó la presencia de Elvira Tejada de la Fuente, fiscal coordinadora de criminalidad informática en España, quien expuso que las definiciones de ciberdelincuencia son recientes y amplias, abarcando desde estafas y agresiones hasta tráfico de armas y terrorismo.
Tejada de la Fuente indicó que la tecnología facilita la planificación delictiva y que, según las estadísticas de su oficina, los ciberdelitos han aumentado un 43% en los últimos cinco años. “Nos enfrentamos a actividades criminales cada vez más complejas y sofisticadas, lo que dificulta nuestra labor investigativa”, diagnosticó. Resaltó que algunos grupos, operando desde la dark web, desarrollan y ofrecen programas para cometer delitos, fomentando un comercio internacional del crimen por la cooperación entre organizaciones criminales.
Según Tejada de la Fuente, el sistema judicial debe responder en dos frentes: la redefinición de tipos penales y la articulación de herramientas de investigación para el entorno digital.
Javier Zaragoza, fiscal del Tribunal Supremo de España, habló sobre cómo la experiencia del atentado en Atocha en 2004 transformó la forma de investigar delitos. Luego del ataque, lideró la fiscalía antiterrorista, lo que le enseñó la importancia de actuar de manera preventiva ante el delito. Aunque dicha política fue efectiva en muchos aspectos, en 2017 se produjo otro atentado en Barcelona.
Esa política preventiva permitió construir lazos de cooperación internacional, especialmente con Francia, donde existía un refugio para miembros de ETA, lo que facilitó la tarea española de seguimiento de estos grupos.
“Es esencial compartir información sobre organizaciones criminales, ya que sabemos poco acerca de sus estructuras. No podemos tratar estos fenómenos criminales de forma superficial”, subrayó Giovanni Melillo, fiscal nacional antimafia y antiterrorismo de Italia.
“Es indispensable adoptar un enfoque preventivo, y para actuar con anticipación, la coordinación es clave”, concluyó William Terra, fiscal de la Corte de São Paulo, al cierre del encuentro.
