De acuerdo con el estudio del Departamento de Política Tributaria, las empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales enfrentan una presión del 56%, lo que representa un aumento de seis puntos porcentuales en comparación con el primer informe de 2023.
La UIA reconoció que el Gobierno busca disminuir esta carga fiscal, indicando que la administración actual ha manifestado en varias ocasiones que, dependiendo del superávit fiscal, se avanzará hacia una reducción impositiva.
Recientemente, el Ejecutivo comunicó una disminución de los Derechos de Exportación (DEX) para un amplio rango de productos industriales; sin embargo, el sector considera que esta medida es insuficiente, teniendo en cuenta la elevada presión fiscal que enfrentan las empresas a nivel provincial y municipal, un obstáculo crítico para el desarrollo productivo.
Entre las sugerencias, la UIA propuso la posibilidad de computar hasta el 95% de las contribuciones patronales a cuenta del IVA y Ganancias, especialmente en sectores que demandan alta mano de obra, industrias y economías regionales. Asimismo, planteó establecer una alícuota única de Ganancias, que actualmente tiene un tope del 35%, similar a las que se aplican en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) —25%— y en el proyecto del “Súper RIGI” que fue remitido al Congreso —15%.
La intención del sector industrial es que esta alícuota se equipare con los beneficios del RIGI. “El Gobierno nos dijo que en una segunda etapa de estabilización, con un superávit fiscal consolidado, se buscará que los beneficios para las empresas que ingresan al RIGI se conviertan en un régimen general”, comentó Carlos Abeledo, encargado del Departamento de Política Tributaria.
Entre otras propuestas, se incluyó la reducción de alícuotas de Ingresos Brutos hasta alcanzar el 0%, así como la vinculación de las tasas municipales (en especial la de Seguridad e Higiene) con la efectiva prestación de servicios.
Además, la UIA solicitó la devolución automática de saldos a favor en IVA para compensar con otros impuestos y la ampliación de reintegros para exportaciones de bienes industriales, alimentos y bebidas, así como un compromiso de estabilidad fiscal y jurídica por 30 años, similar al RIGI, para fomentar la inversión.
Un análisis comparativo de ocho impuestos en 30 naciones, que incluye países del G20 y de Sudamérica, junto a Países Bajos, España y Suiza, indica que Argentina ocupa el 12° lugar en términos de presión fiscal (recaudación/PBI). Estos países representan el 81% del PBI global y el 61% de la población mundial. “Para nivelar la cancha, desde la UIA estamos pidiendo un pacto fiscal federal industrial”, aseguró Rappallini.
Es relevante destacar que el sector industrial representa el 18% del PBI, aporta el 28% de la recaudación fiscal y el 40% en el caso del impuesto a las Ganancias. En contraste, el sector agropecuario representaba el 8% del PBI y contribuye con un 14,5% a la recaudación, de los cuales un 4,5% proviene de retenciones.
Al desglosar los niveles de gobierno, el IVA predomina a nivel nacional, representando el 31% del total, seguido por el impuesto a las Ganancias (18,5%), el de débitos y créditos (7%), los gravámenes al comercio exterior (6,9%) y el impuesto a los Bienes Personales (1%).
En el ámbito provincial, Ingresos Brutos y el impuesto de Sellos constituyen casi el 90% de los ingresos fiscales que provienen de esta jurisdicción, mientras que la Tasa de Seguridad e Higiene representa cerca del 35% de los recursos municipales propios.
En comparación internacional, Argentina se posiciona como el segundo país con la tasa más alta de Ganancias para sociedades, gravando a una tasa máxima del 35% y los dividendos al 7%. Como resultado, la carga efectiva sobre la renta empresarial asciende al 39,5%.
Respecto al IVA, Argentina ocupa el cuarto lugar del ranking, detrás de Brasil (26,5%), Uruguay e Italia (22% cada uno). “Esta elevada alícuota convive con la generación de saldos a favor de difícil devolución, debido a la existencia de alícuotas diferenciales, procesos burocráticos y normativa defectuosa”, señalaron desde la UIA.
Otro de los impuestos considerados “distorsivos” es el de débitos y créditos bancarios, conocido como impuesto al Cheque, creado en 2001 por el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, que grava transacciones financieras a una alícuota del 1,2% (0,6% por depósitos y 0,6% por retiros).
La UIA señaló que solo cuatro de los países analizados aplican este impuesto, y Argentina se encuentra en la primera posición del ranking. A pesar de la intención gubernamental de eliminar este gravamen, su aporte del 7% en la recaudación fiscal complica su eliminación.
En cuanto a Bienes Personales, cuya tasa para individuos se redujo del 1,75% al 0,75% desde 2023, Argentina se coloca como el país más restrictivo en cuanto a base imponible. Según se destacó en el informe, la tasa se unificará en 0,25% a partir de 2028.
Finalmente, el informe resalta que solo dos naciones imponen derechos de exportación, entre las que se encuentran Argentina (con un promedio del 8,68%) —la más gravosa— y Rusia (3,9%). A nivel provincial, Argentina se cuenta entre los pocos países que aplican Ingresos Brutos, siendo Italia y Canadá las únicas naciones con un impuesto similar, aunque con menor presión fiscal. A nivel municipal, es el único país que aplica tasas sobre la misma base imponible que Ingresos Brutos.
