Tras cerrar el capítulo del caso Adorni, el oficialismo busca consolidar su agenda legislativa y Bullrich tiene no solo ambiciones, sino una urgente necesidad. Su objetivo incluye avanzar en la inviolabilidad de la propiedad privada, la ley “hojarasca” y una nueva ronda de pliegos para ocupar vacantes en el poder judicial. La urgencia está vinculada a la situación del juez Víctor Arturo Pesino, una figura central en la defensa de la reforma laboral impulsada por el Gobierno.
Pesino es parte de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, responsable de fallar a favor del Gobierno de Javier Milei al suspender una medida cautelar que impedía la aplicación de 81 artículos de la reforma laboral.
El 23 de abril, Pesino emitió un fallo conjunto con María Dora González, en el que decidió suspender el fallo del juez Horacio Ojeda, quien el 30 de marzo había accedido a un pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT) para frenar la aplicación de la ley 27.802, conocida como ley de “modernización laboral”.
Poco después de este fallo, el Ministerio de Justicia anunció en el Boletín Oficial que iniciaría el procedimiento para que Pesino continúe como vocal de la Cámara una vez que alcance los 75 años. La Constitución establece que a esa edad, los jueces deben retirarse, salvo que cuenten con la aprobación del Presidente y del Senado para extender su mandato por cinco años más.
Pesino cumple 75 años el próximo 27 de julio, lo que le deja solo 19 días para que el Senado apruebe su continuidad en el cargo, o 18 días si se considera el precedente establecido por la Corte Suprema en el caso de la ex-camarista de la Casación Ana María Figueroa.
Esta situación es de máxima urgencia para Bullrich. Desde su entorno, se confía en que el 16 de julio haya sesión y que se trate el pliego de Pesino. Sin embargo, el calendario presenta desafíos adicionales, dado que algunos senadores aliados provienen de provincias donde ya han comenzado las vacaciones de invierno.
Los camaristas Pesino y González son receptores de una buena imagen en la Casa Rosada, donde se considera que el peronismo y la CGT tienen una fuerte influencia en el fuero laboral.
Dentro de dicho fuero, la Sala VIII es catalogada como “la más patronal”, según fuentes del sector consultadas. Este estatus se fundamenta en que Pesino y González se diferenciaron de las nueve salas restantes al implementar un método de cálculo de intereses en las indemnizaciones que resulta más favorable para los empleadores. “En vez de aplicar el IPC más el 3%, como hacíamos todos, él le restaba el 30 por ciento a los créditos”, explicó un abogado laboralista destacado.
Pesino ha tenido otros fallos de gran trascendencia: uno de ellos fue en 2020, cuando desestimó un amparo para la reintegración de una empleada de la agencia estatal de noticias, y otro en 2018, cuando suspendió las elecciones del Sindicato de Comercio por irregularidades en los padrones.
El 9 de junio, Pesino asistió al Senado para defender su pliego. Su exposición se convirtió en objeto de intenso escrutinio por parte del PJ por dos decisiones clave: su fallo en respaldo de la reforma laboral y su intervención judicial en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
Su presentación derivó en un prolongado interrogatorio, principalmente por parte de los senadores kirchneristas Mariano Recalde y Eduardo “Wado” de Pedro, y culminó en una vehemente defensa de Bullrich.
El camarista llegó a la audiencia con cuatro observaciones en su contra, presentadas por la UOM, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y abogados laboralistas, que cuestionaban su desempeño en causas sindicales y las demoras en la Sala VIII, además de una sentencia que tuvo que ser anulada por errores en su redacción.
Las interrogantes más delicadas surgieron cuando Recalde y De Pedro indagaron sobre sus contactos con funcionarios del Gobierno antes de que avanzara el procedimiento para su renovación. Pesino admitió que el 3 de marzo se reunió con un asesor del exsecretario de Justicia, Sebastián Amerio, y que el 7 de abril tuvo una conversación con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, sobre el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires.
Al ser cuestionado sobre un posible conflicto de intereses, el juez recordó que había solicitado la prórroga en agosto de 2025 y que fue notificado del inicio del procedimiento el 13 de abril. Además, negó haber recibido garantías sobre la aprobación de su pliego. “El ministro no me informó que el Presidente iba a enviar mi pliego”, dijo.
La Corte Suprema estableció un precedente claro para jueces que cumplen 75 años en el caso de la ex-camarista de la Casación Ana María Figueroa. Ella había buscado mantener su cargo más allá del límite de edad, apoyada por el kirchnerismo, que deseaba asegurarse su permanencia en el máximo tribunal penal.
Figueroa cumplió 75 años el 9 de agosto de 2023. Para esa fecha, Alberto Fernández ya había solicitado un nuevo acuerdo y la jueza había pasado las entrevistas personales. Sin embargo, el Senado no logró reunirse para votar su pliego.
El 10 de agosto de 2023, la Cámara de Casación Penal se reunió con Figueroa, quien informó a sus colegas que planeaba quedarse en su cargo, aunque sin firmar sentencias por si llegaban a ser anuladas, esperando el acuerdo del Senado.
Sin embargo, tras una semana, los jueces de la Casación, que presiden cada sala, se reunieron y decidieron comunicar a la Corte que la magistrada “habría cesado” en sus funciones por no contar con un nuevo acuerdo del Senado.
La Corte emitió una resolución donde confirmó que la doctora Figueroa “ha perdido la investidura judicial el 9 de agosto”, al no conseguir el nombramiento correspondiente. La decisión contó con el apoyo unánime de los cuatro jueces del máximo tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Asimismo, la Corte estableció el procedimiento para aplicar el artículo 99, inciso 3, de la Constitución, que determina los 75 años como límite para los jueces. En este sentido, sostuvieron que el magistrado debe solicitar y obtener el acuerdo al menos un día antes de cumplir los 75 años, y tener también un decreto presidencial que formalice su nombramiento.
El fallo que dejó a Figueroa cesante no fue suficiente para el kirchnerismo, que ignoró la decisión de la Corte y logró la aprobación de un nuevo acuerdo el 26 de septiembre de 2023, a pesar de que el plazo había expirado. Así, la jueza intentó revalidar sus credenciales.
El 3 de octubre, Alberto Fernández firmó un decreto para extender su mandato por cinco años más, retroactivamente a partir del 9 de agosto, fecha en que Figueroa cumplió 75 años y había sido declarada cesante por la Corte.
Mientras tanto, el Consejo de la Magistratura la excluyó como jurado en concursos para exámenes de aspirantes a jueces, y sus colegas cubrieron su vacante y las restantes en el tribunal, con jueces suplentes.
Figueroa, en ese intervalo, esperó. Mantuvo la incertidumbre frente a sus colegas de la Cámara de Casación, quienes temían su eventual aparición en los tribunales, buscando recuperar su salario, su despacho, su auto, su chofer y, sobre todo, su firma digital, que le otorgaba el poder.
Esto no sucedió. Sin embargo, ocurrió la derrota de Sergio Massa frente a Javier Milei en las elecciones presidenciales. Finalmente, el 25 de noviembre de 2023, Figueroa solicitó su jubilación.
