Hace tres años, el economista Javier Milei abogaba por la clausura del Banco Central, pero actualmente el Gobierno promueve una reforma orientada a fortalecer su institucionalidad y a establecer como única misión la preservación del valor de la moneda.
El proyecto de reforma de la Carta Orgánica, presentado por las autoridades del Banco Central y respaldado por el ministro de Economía, Luis Caputo, suprime la opción de financiar al Tesoro mediante la emisión monetaria, redefine el mandato de la entidad y busca otorgarle un marco jurídico más sólido a la política monetaria.
“La reforma de la Carta Orgánica es la más significativa en los próximos cien años. Es refundacional. El Banco Central ya no podrá financiar más al Tesoro. Este cambio ataca la inflación y facilita el crecimiento a largo plazo”, expresó Caputo al defender la propuesta.
Según el Gobierno, la reforma es un componente institucional clave para evitar que futuros gobiernos recurran a la emisión como método de financiamiento del gasto público. No obstante, tras este objetivo se despliega un debate más amplio, que supera las fronteras de la política argentina y ha dividido a economistas y bancos centrales a nivel mundial durante décadas: ¿qué implica realmente la independencia de un banco central?
Durante gran parte del último medio siglo, la independencia de los bancos centrales se asoció a la idea de impedir que los gobiernos utilizaran la emisión monetaria para financiar déficits. Esta norma, de acuerdo con las estadísticas proporcionadas por el Gobierno, ha sido constantemente violada. Se menciona, por ejemplo, la “impresión de varias bases monetarias” durante el último gobierno peronista.
El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, afirmó que la reforma busca “establecer una hoja de ruta y un marco jurídico que permita al BCRA brindar previsibilidad a la economía”.
“Eliminamos herramientas con naturaleza fiscal, pero no buscamos limitar la capacidad del Banco Central para implementar su política monetaria”, añadió el funcionario.
El proyecto también suprime el mandato múltiple que fue establecido en 2012 y que incluía estabilidad monetaria, financiera, empleo y desarrollo económico con equidad social, regresando a un único objetivo: la preservación del valor de la moneda.
Para Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso, este cambio es uno de los aciertos más destacados de la propuesta. “La definición de un objetivo único para el Banco Central es fundamental. Planteamos que ese mandato se implemente a través de metas de inflación. Aunque aún falta definir cómo se llevará a cabo, la dirección general es correcta”, indicó.
Abram también valoró la decisión de prohibir el financiamiento monetario al Tesoro, aunque considera que la reforma debería ir más allá. “La prohibición no debería limitarse a la compra de deuda en el mercado primario; también debería extenderse a la adquisición de títulos públicos en el mercado secundario, ya que esta actividad puede convertirse en una vía indirecta para financiar al Estado y facilitar futuras colocaciones de deuda”, manifestó.
Un aspecto crucial para el economista es la protección institucional de las autoridades monetarias contra presiones políticas. “La modalidad prevista para la remoción del presidente y los directores parece interesante porque podría protegerlos de eventuales presiones del Poder Ejecutivo o del Congreso que busquen apartarlos de su mandato de preservar la estabilidad monetaria”, agregó.
Martín Redrado, ex presidente del Banco Central, también se pronunció sobre la estabilidad política del nuevo BCRA. “Los criterios deberían ser los mismos: si la remoción requiere mayoría en Diputados y Senadores, la aprobación de los directores también debería seguir ese procedimiento”, comentó.
Sin embargo, varios economistas consideran que el debate sobre la independencia monetaria no puede centrarse exclusivamente en la relación entre el Banco Central y el Tesoro. Redrado sugirió revisar el régimen de encajes bancarios, argumentando que históricamente se han usado como fuente indirecta de financiamiento para el sector público. También propuso que el nuevo artículo 3 de la Carta Orgánica debería incluir la estabilidad financiera como un objetivo complementario a la preservación del valor de la moneda. “La Superintendencia de Bancos debe asegurar la liquidez y solvencia del sistema financiero. Esa también es una función esencial del Banco Central moderno”, planteó.
Lucas Pussetto, profesor de Economía del IAE Business School, argumentó que el proyecto deja abierta una cuestión que aún no se ha posicionado en el debate público. “La pregunta que no se ha instalado con fuerza es cómo coexiste, en la práctica, ese mandato único con un régimen cambiario que sigue siendo administrado”, explicó.
El economista recordó que, a nivel internacional, los bancos centrales con un mandato centrado exclusivamente en la estabilidad de precios suelen operar con esquemas cambiarios más flexibles. “Un mandato monetario restringido a la estabilidad de precios generalmente se asocia a un tipo de cambio flotante, no a una intervención cambiaria cotidiana y discrecional”, indicó.
Esta situación genera una tensión que, según Pussetto, la reforma aún no ha logrado resolver. “Si la nueva Carta Orgánica no aborda esta tensión, el mandato único corre el riesgo de ser más una declaración de principios que una restricción operativa efectiva”, advirtió.
La independencia del BCRA ha sido un eterno deseo del Fondo Monetario Internacional, que ya fue objeto de discusión en 2020 y resurgió durante la gestión de Milei. De hecho, este diagnóstico sostiene que uno de los principales problemas que ha enfrentado Argentina en las últimas décadas ha sido evitar que el Banco Central financie al Tesoro mediante emisión.
Según un informe elaborado por la propia autoridad monetaria, entre 2003 y 2023, el Banco Central transfirió recursos al Tesoro equivalentes al 85% del Producto Interno Bruto, mediante adelantos transitorios, compras de Letras Intransferibles, distribución de utilidades y otros mecanismos de asistencia financiera.
Werning estimó que lo que se denomina “impuesto inflacionario” generó una pérdida de ahorro para las familias equivalente a 390.000 millones de dólares en esas dos décadas.
A pesar de las divergencias, Abram y Pussetto coinciden en un punto crucial: una reforma legal, por sí misma, no es suficiente. Redrado añade que si la reforma llega al Congreso respaldada únicamente por el oficialismo, “no generará confianza”. Mientras que Abram considera que el proyecto representa un avance significativo para disminuir el margen de discrecionalidad de futuros gobiernos, Pussetto enfatiza otro aspecto. “Hay una tendencia global hacia una mayor independencia de los bancos centrales, pero persiste la interrogante de si esta mayor independencia legal se traduce en mejores resultados en términos de estabilidad de precios o si la ley, por sí sola, no garantiza que la práctica diaria se alinee con lo que establece el papel”, explicó.
En resumen, la discusión no se limita a la prohibición de la emisión para financiar el déficit; parece estar empezando en ese punto.
