“Es un sinsentido absoluto tener una ley que prohíbe a una refinadora argentina invertir en biocombustibles en Argentina. Resulta bastante particular que nos impidan volcar recursos en una industria donde estamos en condiciones y tenemos la voluntad de hacerlo”, expresó Bulgheroni.
La legislación vigente establece un régimen intervenido por el Estado, que determina los volúmenes de mezcla de biocombustibles en las naftas, la asignación de cupos en el mercado interno y la fijación de precios. A su vez, restringe la participación de las petroleras en esta industria, mientras que las grandes aceiteras solo pueden operar en mercados de exportación.
El proyecto impulsado en el Senado propone sustituir este esquema regulado por un mercado de negociación libre entre productores y mezcladores, a través de un Mercado Electrónico donde los precios se definan según la oferta y demanda, con un límite referenciado a la paridad de importación. Este texto también incrementa el corte obligatorio y elimina la prohibición que obstaculiza a las refinadoras invertir en plantas de biocombustibles.
“Nosotros no queremos ir por el mercado interno, lo que buscamos es invertir para exportar en asociación con los actores actuales del sector que compartan nuestra visión”, comentó Bulgheroni en respuesta a las críticas de cámaras empresariales de Santa Fe, Córdoba, Tucumán y la provincia de Buenos Aires, que consideran que los cambios propuestos por el Gobierno Nacional amenazan el tejido de Pymes que se desarrollaron bajo este régimen de beneficios.
Según Bulgheroni, estas modificaciones no perjudicarán a este sector, sino que “va a agrandar la torta y generar productos exportables al mundo”. “Hay una enorme oportunidad por la competitividad que tiene la Argentina a través del campo”, añadió.
En relación a los aspectos de la Ley vigente y la intervención estatal, el empresario afirmó que “el precio tiene que ser competitivo, libre y negociado entre las partes”. En cuanto a los volúmenes de mezcla, el oficialismo prevé incrementarlos al 10% de biodiésel (desde el 7,5% actual) y al 15% de bioetanol (hoy en 12%) dentro de los doce meses posteriores a su sanción.
“En términos de corte estamos de acuerdo con lo que propone el Gobierno, pero si se establece un porcentaje adicional, debería ser opcional para el mercado interno, porque el esfuerzo principal de las inversiones tiene que estar enfocado en proyectos de exportación”, aclaró Bulgheroni sobre este aspecto.
El contexto del mercado de exportación influye en este debate. Datos de la Bolsa de Comercio de Rosario indican que, entre enero y abril de 2026, las exportaciones de biodiésel argentino se redujeron a apenas 30.360 toneladas, el nivel más bajo para ese período desde el inicio de la actividad en el país en 2008. Actualmente, el único destino viable para el biodiésel local es la Unión Europea, que contempla avanzar con una regulación que podría restringir o incluso cerrar nuevos envíos, mientras que la producción de los últimos dos años se encuentra un 50% por debajo del promedio histórico de la industria.
“La exportación se había cerrado en parte por elementos regulatorios y políticos, pero también porque las normas de exigencia en Europa avanzaron y las inversiones locales no acompañaron esa velocidad para adaptarse. Tenemos que retomar y conquistar esos mercados internacionales con la tecnología adecuada”, sostuvo Bulgheroni.
Para el CEO de PAE, “en la medida en que encontremos jugadores con una visión compartida, vamos a hallar vehículos de inversión en conjunto y eso va a incrementar el mercado global porque nos permitirá llegar a Europa, Estados Unidos y otros destinos”.
