Los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron el argumento de la defensa por falta de fundamentos sólidos y validaron así la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta, que condenó a Reynoso por los delitos de cohecho pasivo en concurso ideal con falsedad ideológica de documento público y concusión, imponiéndole además una multa de 90.000 pesos y la inhabilitación absoluta durante el periodo de la condena.
Esta decisión forma parte de un proceso de depuración de la Justicia Federal, que en años recientes ya ha dejado fuera de su cargo al ex juez federal de Mendoza, Walter Bento, y al de Rosario, Marcelo Bailaque, entre otros. Asimismo, durante la gestión de Mauricio Macri, renunció el cuestionado ex juez Norberto Oyarbide, mientras que la destitución del camarista Eduardo Freiler fue impulsada por el entonces diputado del PRO Pablo Tonelli. También se llevaron a cabo actuaciones contra el ex juez federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila, acusado de cohecho pasivo agravado, prevaricato y asociación ilícita.
La investigación reveló que, en su rol de juez federal, Reynoso aceptó pagos de Castedo y su abogado para dictar resoluciones que favorecían al narco, en detrimento de la ley. Además, se le habría exigido a Pablo Elías Torres que entregara dinero para facilitar la entrada de mercancías en el país, eludiendo las restricciones vigentes.
En febrero de 2007, Reynoso acusó a Castedo de asociación ilícita y lavado de activos, citándolo a indagatoria y ordenando su arresto. Sin embargo, en mayo de 2008, Castedo se presentó como prófugo y solicitó su liberación, el cual fue concedido con el argumento de que estaba a derecho por haber presentado la solicitud. Para la fiscalía, esta acción marcó el primer caso de prevaricato por parte de Reynoso, quien supuestamente recibió pagos de Castedo por esa medida.
La indagatoria se habría realizado en 2013, aunque el narcotraficante posteriormente negó haber participado en ella y haber firmado la declaración, tal como lo demostró un peritaje. Con esta afirmación, el juez le otorgó una segunda exención de prisión.
En 2014, cuando Castedo ya era uno de los criminales más buscados, tras ser acusado de la autoría intelectual en el brutal asesinato de Liliana Ledesma en Salvador Mazza, el ex juez emitió un nuevo fallo controvertido, procesando al narco sin aplicar prisión preventiva. La fiscalía argumentó que Castedo había pagado por esas decisiones, dado que no se explica de otra manera el accionar de Reynoso.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Salta dictó la condena contra Reynoso por cohecho pasivo, falsedad ideológica de documento público y concusión, además de imponer dos años y seis meses de prisión al abogado de Castedo, Luciano Ciscato. En junio de 2025, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la sentencia, y aunque la defensa del ex juez presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema, este fue rechazado por no contar con la fundamentación adecuada.
