La nueva normativa dará prioridad a los médicos, en especial a los psiquiatras, sobre los psicólogos en decisiones críticas, aunque estos últimos también formarán parte de los equipos interdisciplinarios. Las internaciones involuntarias deberán ser comunicadas a un juez, quien no intervendrá en el proceso. Asimismo, se incrementará la colaboración entre el gobierno nacional y las provincias en términos de financiamiento.
Otro aspecto relevante es la ampliación del concepto de adicciones, que incluirá la ludopatía. También se establecerán límites sobre el papel de los familiares en la representación de los pacientes, así como diferencias específicas entre adultos y jóvenes. La práctica de los manicomios será prohibida. Además, se implementará un plan de egreso con objetivos claros y protocolos de seguimiento, así como directrices de prevención en salud mental.
El plenario de las comisiones de Salud y de Legislación General de la Cámara alta fue convocado para las 15:30 de mañana. Sin embargo, la presente semana ha mostrado una baja participación de legisladores, lo que genera incertidumbre respecto al quórum necesario para el dictamen. De lograrlo, se contempla una sesión para el próximo jueves, aunque se requerirá el consenso de los grupos de diálogo.
La disputa entre los diferentes profesionales de la salud mental ha suscitado desacuerdos entre el gobierno nacional y las provincias representadas en el Consejo Federal de Salud (CoFeSa), que han solicitado hasta el último momento que se otorgue igual prioridad a los psicólogos. Según lo convenido por las senadoras libertarias, en el procedimiento de internación se sustituirá la exigencia de un psiquiatra por la de un médico, preferentemente con formación en salud mental, que deberá contar con la firma de un psicólogo, quien podrá participar en la evaluación y posiblemente en la alta del paciente.
Un aspecto relevante que fue reportado y corroborado por Bullrich indica que actualmente existen cerca de 4.000 psiquiatras generales y 454 especializados en infancia y adolescencia, frente a los 100.000 psicólogos matriculados. Por ello, se habilitarán consultas realizadas por videoconferencia, lo que facilitará la intervención de psiquiatras en áreas remotas con escasa disponibilidad de profesionales especializados.
Además, todos los profesionales implicados en este proceso deberán recibir capacitación continua. Otro punto de conflicto que influyó en la negociación fue la reactivación de la cooperación técnica, financiera y económica nacional en los convenios con las provincias.
En cuanto a la intervención de familiares, esta se limitará a padres o hijos, manteniendo la figura de representantes legales, cónyuges y convivientes. Es importante destacar que, en situaciones donde no aparezcan responsables, se establece la obligación del Estado de proporcionar apoyos y recursos comunitarios.
El nuevo régimen de atención incluirá equipos infantojuveniles y servicios diferenciados para adultos, garantizando la autonomía progresiva, el derecho a ser escuchado y la confidencialidad. En caso de ser necesario un ingreso en unidades de adultos, este se restringirá a aquellas situaciones donde no sea posible otra alternativa y por el tiempo estrictamente necesario.
Finalmente, junto con la prohibición de medidas consideradas “manicomiales”, se restituirá un catálogo de atención ambulatoria y domiciliaria, incluyendo casas de convivencia, hospitales de día y centros de capacitación socio-laboral. Asimismo, se reconocerá el derecho de los pacientes a consentir o rechazar tratamientos de manera anticipada y a designar personas para otorgar dicho consentimiento en caso de incapacidad, aunque esto podría variar en situaciones de riesgo para la vida. Tanto Bullrich como Arrascaeta subrayaron la importancia de no demorar la implementación de estas medidas.
