Al ser consultada sobre las políticas que el país podría adoptar para fortalecer su posición ante los mercados, tras la orden del Gobierno de ajustar las cuentas fiscales, Dabla-Norris destacó la disciplina fiscal como un elemento fundamental del programa vigente. Sin embargo, advirtió que esta organización de las cuentas debe ir acompañada de modificaciones en la forma de recaudar y asignar recursos.
“La disciplina fiscal ha seguido siendo un pilar del programa en Argentina”, aseguró. En ese sentido, enfatizó que será indispensable implementar reformas que no sólo permitan avanzar en la consolidación fiscal, sino que también mejoren la calidad de los sistemas tributarios y de gasto.
El comunicado se emitió mientras la delegación argentina, liderada por el ministro de Economía, Luis Caputo, sostiene conversaciones con funcionarios del Fondo en el contexto de la tercera revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas. Este proceso incluye el análisis de las metas fiscales y la acumulación de reservas, además de las políticas que se prevén aplicar en los próximos meses.
En cuestiones de ingresos, Dabla-Norris destacó que una parte significativa de la agenda se relaciona con la revisión de los gastos tributarios, es decir, las exenciones, deducciones y tratamientos especiales que disminuyen la recaudación potencial del Estado. Entre las medidas propuestas se incluye la reducción de las exenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
“Las reformas clave se refieren a fortalecer la eliminación o el alivio de los gastos tributarios, en particular las exenciones del IVA”, afirmó la subdirectora. Este planteo se alinea con uno de los ejes del último informe del Fiscal Monitor, que sugiere mejorar el diseño de los impuestos para limitar las distorsiones sobre la inversión, el empleo y la producción, sin comprometer la capacidad de recaudación.
La observación también tiene un impacto en el debate local sobre una posible reforma impositiva. El sistema impositivo argentino abarca impuestos a nivel nacional, provincial y municipal, además de múltiples regímenes sectoriales y tratamientos diferenciales. Desde la perspectiva del FMI, la simplificación y una base tributaria más amplia facilitarían una recaudación más predecible y con menor impacto negativo sobre la actividad económica.
Asimismo, Dabla-Norris planteó la necesidad de regularizar los impuestos a los combustibles, conectando su comentario con la postura que el Departamento de Asuntos Fiscales había presentado en la conferencia sobre los subsidios a la energía. El organismo sostiene que los precios deben reflejar los recursos disponibles y que la asistencia estatal debería enfocarse en quienes enfrentan mayores dificultades.
Dabla-Norris sugirió que Argentina debería avanzar en una eliminación gradual de otros impuestos considerados distorsivos, sugiriendo la posibilidad de ser reemplazados por mecánicas de recaudación más sólidas y sostenibles. No especificó cuáles impuestos deberían ser modificados ni ofreció un cronograma para tales cambios.
Esta situación deja abierta la discusión sobre la estructura de una reforma tributaria. En la charla en Bangkok, Rodrigo Valdés, director del Departamento de Asuntos Fiscales, apuntó que una mejor política tributaria busca reducir los obstáculos que los impuestos pueden generar en la inversión, el trabajo y la producción. Aclaró además que no existe un único modelo que pueda aplicarse de forma automática en todos los países.
El diagnóstico del FMI sugiere que el nivel de recursos públicos no depende solamente de las tasas impositivas. La administración tributaria, el cumplimiento, la amplitud de la base imponible y la existencia de excepciones también influyen en los ingresos del Estado. Según Davide Furceri, jefe de división del Departamento de Asuntos Fiscales, reformas en este ámbito implementadas en diferentes países han logrado aumentos de ingresos de hasta el 2% del producto interno bruto.
Para Argentina, el debate implica equilibrar la reducción de la carga impositiva que afecta costos y decisiones de inversión con la necesidad de mantener el equilibrio fiscal. El Fondo no sugirió un aumento general de impuestos en su intervención en Bangkok, sino que se centró en reestructurar la carga tributaria: disminuir excepciones, mejorar la recaudación de impuestos de amplio alcance y eliminar aquellos que, según su análisis, generan distorsiones significativas.
El segundo componente de las recomendaciones para Argentina se relaciona con el gasto. Dabla-Norris comentó que las reformas deben incluir una racionalización de los subsidios y una mejora en la eficiencia del gasto estatal. “Los subsidios deben ser mucho más focalizados, de modo que lleguen a quienes más los necesitan”, acentuó.
Este planteo se inserta en un contexto más amplio del FMI, ante el aumento global de los costos energéticos. Valdés alertó al principio de la conferencia sobre el alto costo de los mecanismos generales de control de precios para las cuentas públicas, advirtiendo que frecuentemente tienen efectos regresivos, beneficiando a sectores con mayor capacidad de consumo.
El organismo estima que las medidas de supresión de precios asociadas al choque energético de 2026 implican costos cercanos al 0,5% del PIB mundial. En aquellos países que mantienen los precios de los combustibles sin cambios ante un aumento externo, el costo fiscal puede oscilar entre el 1% y el 1,5% del producto, según lo explicado por Valdés.
La alternativa propuesta por el Fondo consiste en sustituir los esquemas de alcance general por transferencias temporales dirigidas a hogares vulnerables. En naciones que enfrentan dificultades para identificar a los beneficiarios, Furceri mencionó la posibilidad de implementar ayudas temporales basadas en ubicaciones geográficas, asistencia a sectores concretos o mecanismos relacionados con el transporte y la alimentación.
La agenda fiscal que el FMI delineó para Argentina se enfoca, en consecuencia, en mantener la salud de las cuentas públicas mediante cambios en la composición: menos exenciones, revisión de impuestos considerados distorsivos y subsidios dirigidos a los sectores de menores ingresos. Las discusiones entre los equipos técnicos del organismo y las autoridades argentinas proseguirán durante la revisión del programa en marcha.
