En un comunicado interno divulgado la semana pasada, el organismo estableció directrices específicas para sus inspectores durante esta etapa de transición, instruyendo la desactivación de controles sobre los ejercicios fiscales de 2024 y anteriores, siempre que los contribuyentes hayan cumplido con la presentación de la declaración jurada correspondiente al año base 2025 (Formulario 2711).
“Si se verifica la presentación de la declaración jurada simplificada antes del inicio formal de la acción y, cuando corresponda, el pago respectivo, el caso deberá ser desestimado, dado que es aplicable la presunción de exactitud prevista en el artículo 40 de la ley. La fiscalización o verificación de periodos fiscales anteriores al periodo base solo podrá llevarse a cabo si se detecta una discrepancia significativa en los términos de dicha norma”, señala el documento, firmado por el subdirector general de Fiscalización, Sergio Javier Rufail.
César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Asociados, indicó que este comunicado marca el comienzo de la operativa del “tapón fiscal”, dejando de ser una mera “expectativa abstracta” para convertirse en una guía de acción para la administración tributaria. Según planteó, “la redacción del comunicado no es casual. Establece que el caso ‘deberá ser desestimado’, lo que significa que no hay lugar para decisiones discrecionales por parte del inspector”.
La única excepción vigente es la detección de una “discrepancia significativa”. En este sentido, Litvin subrayó que se espera que el proyecto de modificación del régimen aclare más este aspecto, estableciendo un umbral más alto para las discrepancias y la posibilidad de defensa en instancia administrativa con el respaldo probatorio de ARCA. De este modo, si el contribuyente abona la discrepancia y no se resuelve a su favor, no perdería los beneficios del régimen.
“Es importante tener en cuenta que la declaración jurada presentada bajo el nuevo régimen simplificado cuenta con la ‘presunción de exactitud’. Esta presunción se activa a partir de la presentación y el pago puntual de la declaración. A menos que surja lo que se clasifique como una ‘discrepancia significativa’, se considera como exacta, proporcionando un verdadero ‘tapón fiscal’ para los periodos 2022 a 2024. Por lo tanto, las fiscalizaciones sobre estos contribuyentes se ven limitadas si luego no se podrán exigir ajustes derivados de las mismas”, agregó Claudia Pose, socia de Impuestos en BDO Argentina.
En su comunicación, ARCA también aclaró que la generación centralizada de cargos incluye un filtro relativo a la adhesión al Régimen Simplificado. Esto implica que un contribuyente podría haberse adherido después de emitida la orden, pero antes de que el inspector iniciara formalmente su labor. Por esta razón, se obliga a verificar el trámite previo antes de comenzar con la inspección.
