Varios propietarios de terrenos en la zona señalaron que el gobierno local procedió a realizar una obra de infraestructura dirigida a la comunidad, que ha estado envuelta en diferentes conflictos territoriales en la región.
La situación se desarrolló el pasado viernes y llevó a los denunciantes a presentar reclamos ante la Fiscalía local, la Auditoría municipal y la Defensoría del Pueblo. Acusaron al municipio de haber ingresado de forma ilegítima a sus propiedades para avanzar en el proyecto.
Los denunciantes reportaron que los trabajadores del municipio dañaron cerraduras y forzaron accesos a las parcelas privadas sin permisos. La denuncia describe que la maquinaria del gobierno local transformó un sendero montañés en un camino vehicular para permitir el paso de equipos pesados que transportaron la cisterna de agua.
Con el apoyo de un abogado local, los propietarios han presentado acusaciones por daños materiales, violación de la propiedad privada y posible uso ilegal de maquinaria del municipio. También señalaron la apertura de una vía no autorizada y mencionaron posibles delitos relacionados con abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes públicos.
Javier Murer, intendente de Villa La Angostura, ha optado por no profundizar en la controversia y comentó que el caso “ya está en poder de los letrados” y que “no hay mucho para decir”.
Por otro lado, la comunidad Paicil Antriao rechazó las denuncias, afirmando que los propietarios actúan “de mala fe”. Lorenzo Loncón, un representante de la comunidad, defendió la postura colectiva y cuestionó las acciones de quienes llevaron a cabo la denuncia, argumentando que no se trata de una usurpación, sino de una recuperación de tierras ancestrales, y que poseen representación legal ante la disputa.
En diálogo con medios locales, Loncón subrayó que la comunidad ha actuado siempre dentro del marco legal y atribuyó la situación a “violencia institucional” ejercida por diferentes gobiernos.
Además, indicó que la intervención del municipio tenía como objetivo garantizar el acceso al agua y prevenir incendios forestales. “Estas obras son legales”, aseguró, y negó que se haya creado un nuevo camino, aclarando que ya existía una huella en el área.
Loncón también mencionó que han comenzado acciones legales para exigir la provisión de servicios básicos, como agua y electricidad.
Desde hace años, la comunidad Paicil Antriao enfrenta múltiples conflictos territoriales en Neuquén, con varias ocupaciones que incluyen fallos judiciales favorables para desalojos que aún no han sido ejecutados. El werken de la comunidad también ha solicitado al gobierno provincial la entrega de la carpeta técnica necesaria para regularizar su situación.
