Mediante la Decisión Administrativa 20/2026, el Gobierno nacional formalizó una modificación presupuestaria que amplía partidas por $500.000 millones principalmente para afrontar el pago de juicios y acuerdos previsionales, elevando el límite total para sentencias a $712.288 millones.
Además, la medida incluye un refuerzo de $162.000 millones para financiar el esquema de retiros voluntarios en ANSES y un incremento de más de $137.194 millones para el Poder Judicial, destacándose fondos para la Corte Suprema.
En paralelo, se avanzó con un significativo ajuste fiscal, aplicando recortes cercanos a los $2,5 billones en la Administración Central, impactando en áreas como subsidios económicos, infraestructura, programas energéticos, sociales y de salud. El mayor ajuste nominal fue de $1,47 billones en asistencias financieras del Tesoro. El Ejecutivo justifica la reducción de gastos para alcanzar la meta de superávit fiscal. Finalmente, la normativa oficializó movimientos y traspasos de personal en distintos organismos nacionales.
