Sonia Alesso, secretaria general de Ctera, criticó duramente al Gobierno por lo que considera una represión a la protesta social y al derecho de huelga, sugiriendo que, en lugar de mejorar las condiciones educativas y salariales, se busca limitar la capacidad de movilización de los docentes. Además, denunció que se han ejercido presiones a nivel provincial y escolar desde el viernes para minimizar el impacto de la huelga.
En una entrevista con Radio 10, Alesso también dirigió sus críticas hacia el jefe de Gabinete, Diego Santillii, quien, según su versión, habría presionado a los ministros de Educación provinciales para que implementen medidas restrictivas. “Si esa energía se utilizara en cumplir las leyes… porque el derecho de huelga es constitucional”, destacó.
Por su parte, Julio Cordero, secretario de Trabajo, afirmó que la huelga es un derecho, aunque subrayó que está moderada por la ley de Modernización Laboral. En este contexto, enfatizó la necesidad de garantizar el 75% de actividad escolar, ya que hay niños con derecho a la educación. “Hemos trabajado con la ministra Sandra Pettovello este fin de semana en algo novedoso, porque es la primera vez que ocurre un paro de estas características con la ley vigente”, sostuvo Cordero en Radio La Red.
El sábado, el Ministerio de Capital Humano anunció que llevaría a cabo una fiscalización en algunos colegios a lo largo del país para asegurar el cumplimiento del umbral del 75% de funcionamiento. Si esta condición no se respeta, se iniciará un proceso sancionador específico, comentó el secretario. “Realizaremos inspecciones de muestreo a través de nuestras agencias territoriales. Si las autoridades escolares no cooperan, eso será considerado una obstrucción”, agregó.
Si bien evitó entrar en detalles sobre las posibles sanciones a los sindicatos en caso de no cumplirse con el requerimiento del 75% de presencia docente, Cordero señaló que “la normativa permite, en última instancia, cuestionar la personería” de los gremios.
Alesso calificó la situación actual como “muy grave” y aseguró que nunca había observado una respuesta así en un gobierno democrático. Criticó el enfoque del Ejecutivo, que parece priorizar la sanción sobre el diálogo, afirmando: “Hablan de un operativo para relevar, sanciones, penalizaciones, pero no convocan a paritarias”.
La dirigente gremial reiteró la demanda a las autoridades: “Solicitamos que nos convoquen y que mejoren el piso salarial. Las escuelas están en ruinas y los docentes no pueden vivir con sus salarios”, advirtió. Además, anticipó que habrá “un gran paro en todo el país, porque la voluntad de lucha es inquebrantable” y acusó al Gobierno de “temerle al paro”.
“Es alarmante que solo se hable de educación cuando anunciamos un paro. Desde febrero estamos pidiendo paritarias y el tema educativo no parece interesar a nadie”, proclamó Alesso.
Cordero, en su defensa, señaló que el problema “no es con los docentes”, sino que existe “una responsabilidad del gremio” en la situación actual y solicitó una conversación con las provincias. Explicó que desde 1992, la responsabilidad de los servicios educativos fue transferida a las provincias y a la Ciudad Autónoma, y que la negociación salarial recae en el Consejo Federal Educativo, que incluye a autoridades provinciales y de la capital. “Es responsabilidad de las provincias negociar paritarias y salarios; el Consejo establece el mínimo nacional”, concluyó.
A su vez, Alesso reiteró que el Gobierno “no aumenta el piso nacional” salarial para los docentes, y subrayó: “Hablan de calidad educativa pero pagan salarios de hambre”.
