El fiscal Taiano argumentó que “los vacunados contribuyeron de forma sustancial a la consumación de los hechos, al aceptar y recibir vacunas contra el COVID-19, pese a conocer que no integraban los grupos habilitados para acceder a ellas”. Este es el segundo tramo de una investigación que dio comienzo en febrero de 2021. La primera fase se centró en los funcionarios públicos que permitieron que personas ajenas a los grupos estratégicos dispuestos por el Ministerio de Salud recibieran la vacunación, en un contexto donde no había suficientes dosis de la vacuna Sputnik V para una convocatoria abierta.
El primer segmento de la investigación ya ha sido enviado a juicio oral, donde se juzgarán por delitos de abuso de autoridad y peculado a tres funcionarios: el ex subsecretario de Estrategias Sanitarias Alejandro Costa, el ex director ejecutivo del Hospital Posadas Alejandro Maceira y Marcelo Guille, ex secretario del entonces ministro de Salud Ginés González García. Es relevante recordar que Ginés González García fue procesado por haber permitido la vacunación de “individuos que no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológica ni con el plan de vacunación establecido por el gobierno nacional”. El ex ministro falleció en octubre de 2024.
Sin embargo, quedaba por definir la situación judicial de aquellos que recibieron las dosis. Un fallo inicial de la jueza Capuchetti en julio de 2021 había determinado que las personas vacunadas no habían cometido delito, argumentando que estaban dentro de un grupo considerado prioritario por la Resolución 2883/20, que permitía avanzar entre las diferentes etapas de vacunación tal como recomendaban los especialistas en salud. No obstante, esta decisión fue revertida por la Cámara Federal, que ordenó profundizar en las circunstancias que rodearon la vacunación de los mencionados.
El tribunal planteó una cuestión relevante: “¿Por qué ellos, y no otros de entre los millones de ciudadanos del país en igual condiciones, fueron los beneficiarios de esa vacunación simultánea? Todos tendremos en mente a alguien que por edad o por alguna otra condición pudo haber sido favorecido en esa simultaneidad. Más a ninguno de ellos les llegó la invitación”. El caso comenzó a ganar notoriedad gracias a una investigación periodística que destapó cómo, en el Ministerio de Salud y en el Hospital Posadas, se estaban vacunando de manera reservada a personas no consideradas parte del personal estratégico. El periodista Verbitsky narró públicamente que se comunicó con su viejo amigo Ginés González García, a quien conoce desde mucho antes de su período como ministro, y que este le sugirió ir al Hospital Posadas. Sin embargo, justo cuando estaba por dirigirse allí, recibió un mensaje del secretario de Ginés, quien le informó que un equipo de vacunadores del Posadas se trasladaría al Ministerio.
En el caso particular del ex presidente Duhalde, este recibió la dosis en su domicilio, junto a su esposa, sus hijas y su chofer. Ahora, el fiscal Taiano ha solicitado la indagatoria de todos los vacunados, argumentando que, al aceptar recibir la vacuna, se convirtieron en partícipes del delito de peculado, que se produce cuando un funcionario se apropia o desvía un bien del Estado, ya que estaban al tanto de que no formaban parte de los grupos estratégicos que en ese momento podían ser vacunados.
El fiscal expresó: “Los vacunados contribuyeron de forma sustancial a la consumación de los hechos, al aceptar y recibir vacunas contra el COVID-19, pese a conocer que no integraban los grupos habilitados para acceder a ellas. Mediante sus intervenciones, participaron en la disposición indebida de un recurso escaso, favoreciendo el agotamiento de las dosis disponibles y privando el acceso de las personas que, conforme a los criterios de prioridad vigentes, tenían un derecho preferente a su recepción”. Además, Taiano agregó que “los beneficiarios conocían los mecanismos legales de asignación de dosis, dado que las campañas de inoculación fueron públicas, masivas y objeto de una amplia difusión oficial”.
La Fiscalía ha solicitado la indagatoria de 34 personas. Entre ellas se encuentran Duhalde, su esposa Hilda González, sus dos hijas, Verbitsky, Taiana, el ex diputado nacional Eduardo Valdés, el exintendente de Tres de Febrero Hugo Curto y su esposa, el empresario Florencio Aldrey, y el publicista y dirigente peronista Jorge “Topo” Devoto, entre otros. A partir de ahora, será la jueza Capuchetti quien deba decidir si cita a todos los acusados o a algunos de ellos.
