Casi inexistente la obra pública a nivel nacional, el sector se enfrenta a un contexto complicado, en el que el aumento de costos y la baja demanda se constituyen como los principales desafíos, mientras que las obras privadas de menor envergadura ayudan a mantener el mercado.
Un 67% de los profesionales vinculados a la construcción en el país experimentó una reducción en su actividad durante el último año, según datos de un reciente estudio que reflejó la opinión de 370 expertos de toda la cadena de valor, incluyendo arquitectos, desarrolladores, constructores e ingenieros.
Esta cifra indica un deterioro de la situación, al mostrar un aumento de 5 puntos porcentuales en la percepción negativa en comparación con la medición realizada en noviembre de 2022.
El informe revela que solo un 10% de los encuestados percibió una mejora en su actividad, mientras que un 23% logró mantener su estabilidad. A diferencia de estudios anteriores que reflejaban un optimismo considerable, la situación actual es más sombría. Para el año siguiente, las expectativas están divididas casi en tercios: un 34% prevé una mejora, otro 34% estima que la actividad permanecerá sin cambios, y un 32% anticipa un retroceso.
Dentro del sector, los ingenieros son los más optimistas, con un 54% que espera un crecimiento, seguidos por los distribuidores de materiales (43%). En contraposición, los maestros mayores de obras y arquitectos presentan una perspectiva más pesimista sobre el futuro cercano.
En cuanto a los factores críticos que obstaculizan el desarrollo del sector actualmente, los profesionales de casi todos los eslabones mencionan el aumento en los costos de construcción como la principal limitante.
El costo de construcción en el Gran Buenos Aires se incrementó un 2,7% en mayo con relación al mes anterior, acumulando una variación interanual del 29% según datos del INDEC. En lo que va del año, la suba se sitúa en un 12,8%, apenas por debajo de la inflación, que ha alcanzado un aumento del 14,7%.
Otros desafíos para el sector incluyen la baja demanda del mercado, especialmente crítica para distribuidores de materiales y desarrolladores; la escasez de financiamiento, que afecta principalmente a arquitectos e inmobiliarias; y una menor inversión en obras privadas.
En este contexto, el empleo en la construcción ha sido uno de los más perjudicados desde el inicio del gobierno actual, con 81.295 puestos de trabajo registrados perdidos entre noviembre de 2023 y febrero pasado, de acuerdo con un informe de Misión Productiva basado en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Ante la falta de crédito, el estudio de Construya indica que la autofinanciación sigue siendo la forma de pago más común (39%), y un 28% de los encuestados asegura no recurrir a ningún tipo de financiamiento externo.
A pesar de la situación adversa, las obras privadas pequeñas y medianas (45%) y las refacciones o ampliaciones (35%) continúan siendo los grandes motores del sector, mientras que la obra pública solo representa el 5% de la demanda actual.
Entre los factores que pueden facilitar el desarrollo del sector, los profesionales mencionan la percepción de la construcción como un refugio de valor (23%) y el crecimiento general de la economía (15%). Además, el impacto del blanqueo de capitales ha sido señalado como un alivio por el 11% de los consultados.
Respecto a las preferencias de ahorro, las inversiones en acciones han superado a la construcción, colocando esta última en un segundo lugar (30% frente a 27%). Al momento de considerar una inversión en ladrillos, los profesionales priorizan la rentabilidad (23%) y el tiempo de retorno (22%).
