El terreno se sitúa en la avenida Córdoba 5405/11, en la Ciudad de Buenos Aires, y cuenta con una superficie de 1.155,72 metros cuadrados. El precio base de la subasta se ha fijado en USD 4.332.155, según la resolución divulgada recientemente por la AABE.
La subasta se realizará mediante el sistema electrónico SUBAST.AR. Aquellos interesados podrán registrarse hasta el 5 de agosto a las 12, y la licitación electrónica está programada para el 13 de agosto a las 14.
Este terreno está ubicado en una zona de gran valor estratégico dentro de la Ciudad de Buenos Aires. La avenida Córdoba en Palermo ofrece una excelente conectividad y está en las cercanías de una variada oferta de comercios, opciones gastronómicas y espacios corporativos.
La resolución que dio inicio a la subasta responde a un requerimiento realizado por la Dirección de Asuntos Comunitarios, que solicitó proceder con la venta del inmueble tras cumplir con los trámites administrativos pertinentes para este tipo de transacciones.
Cabe recordar que la AABE gestiona la administración de los bienes inmuebles del Estado nacional desde su creación a través del Decreto 1.382 de 2012, que la estableció como un organismo descentralizado en el área de la Jefatura de Gabinete de Ministros, otorgándole la responsabilidad de administrar, centralizar y disponer de los inmuebles nacionales, a menos que dicha competencia corresponda a otros organismos.
Antes de proceder con la subasta, la AABE llevó a cabo otro trámite administrativo. A través de la Resolución 78 del 18 de mayo, el inmueble fue desafectado de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, permitiendo así avanzar con el proceso de venta.
También participó en el expediente administrativo la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, la cual determinó que el terreno no posee valor patrimonial y, por lo tanto, no presenta condicionantes en relación con su preservación histórica.
Un paso crucial en este procedimiento fue la evaluación realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, que llevó a cabo la tasación oficial del inmueble en una reunión del 12 de mayo. Este organismo calculó un valor venal de $6.130 millones, lo que equivale a USD 4.332.155, utilizando un tipo de cambio de $1.415 por dólar en la fecha de la valoración. El informe destacó que la tasación consideró el terreno sin ocupar y libre de mejoras.
En el mismo documento, el Tribunal brindó también un valor base de venta de $5.517 millones, equivalente a USD 3.898.939, calculado con el mismo tipo de cambio y de acuerdo a sus procedimientos internos. Sin embargo, la Dirección de Asuntos Comunitarios posteriormente requirió que la subasta se realizara con un precio de USD 4.332.155, cifra que se alinea con el valor venal establecido por el Tribunal de Tasaciones.
El pliego de bases y condiciones establece diversas obligaciones para el futuro adjudicatario del terreno. La más importante es que deberá desarrollar un proyecto inmobiliario en el sitio, ya que la venta está sujeta a un cargo de construcción.
Como se indica en la documentación oficial, el comprador estará obligado a llevar a cabo una obra permanente que represente al menos el 60% de la capacidad edificable permitida por la normativa urbanística vigente para el inmueble. Además, contará con un plazo máximo de tres años para iniciar los trabajos y de ocho años para finalizarlos y obtener la habilitación correspondiente. Ambos plazos comenzarán a contar desde la inscripción del dominio a nombre del adjudicatario.
La AABE ha establecido sanciones económicas en caso de incumplimiento de estos compromisos. Si la obra no comienza o no se finaliza en los plazos estipulados, el organismo podrá imponer una multa mensual equivalente al 1% del valor base de la subasta durante el primer año de retraso. A partir del décimo tercer mes, esa penalidad aumentará al 2% mensual y se mantendrá hasta que se cumpla con la obligación de edificación.
El adjudicatario también deberá presentar ante la Agencia un informe sobre el avance de la obra, suministrar toda la documentación requerida y permitir inspecciones del inmueble para verificar el cumplimiento del cronograma. Asimismo, será responsable de obtener todos los permisos y autorizaciones precisos para llevar a cabo el proyecto.
Por último, se estipula que el inmueble se venderá desocupado y en el estado en que se encuentre, asumiendo el comprador cualquier regularización dominial, catastral, constructiva o registral que sea necesaria. Todos los costos relacionados con la escrituración, tasas, impuestos y honorarios derivados de la operación también serán responsabilidad del adjudicatario.
