En otro ámbito, la CGT anunció el avance de un plan de lucha contra el Gobierno de Javier Milei, delineando una serie de medidas de protesta que involucrarán no solo a sindicatos, sino también a organizaciones sociales. Esta definición se llevó a cabo tras una reunión del Consejo Directivo de la central obrera, que resolvió formar una mesa de acción para coordinar las futuras manifestaciones.
Jorge Sola, co-secretario general de la CGT, indicó que las movilizaciones culminarán en una “gran marcha federal”, aunque no especificó una fecha para el inicio de las acciones. “No estamos fijando plazos; lo haremos de manera estratégica para que la protesta sea visible”, explicó durante una conferencia de prensa en la sede de Azopardo.
Franco Bartolacci, titular del Consejo Interuniversitario Nacional, celebró el reciente fallo de la Corte Suprema que ratificó la cautelar presentada por las universidades para exigir el cumplimiento de dos puntos fundamentales de la Ley de Financiamiento Universitario. “Es muy significativo no solo para la comunidad universitaria, sino también para las instituciones del país. Esto pone de manifiesto la importancia de defender algo que beneficia tanto a Argentina”, destacó Bartolacci en un video.
En la causa conocida como Cuadernos, la fiscalía presentó declaraciones de empleados de ARCA que describen las maniobras de empresarios investigados para extraer fondos en efectivo de contratos de obra pública durante los gobiernos kirchneristas. Las tácticas incluyeron la contratación de proveedores considerados “no confiables”, la emisión de facturas irregulares y la compra de dólares en efectivo, entregados a representantes de uniones transitorias de empresas (UTE).
Por otro lado, el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas adoptó una resolución que reitera el llamado a Argentina y al Reino Unido para reiniciar las negociaciones bilaterales sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. La resolución, aprobada por unanimidad y co-patrocinada por todos los países latinoamericanos en el Comité, evidenció el “sólido respaldo de la comunidad internacional a la posición argentina”, según indicó la Cancillería a través de un comunicado.
Además, el Gobierno se encuentra preparando el envío de efectivos de las Fuerzas Armadas a Venezuela para asistir en las labores de búsqueda, rescate y ayuda humanitaria tras los terremotos que causaron más de 180 muertes, numerosos heridos y daños en varias zonas. El despliegue estará a cargo de la Cancillería y contemplará el envío de aviones militares con personal especializado.
El Ministerio de Defensa aseguró que las Fuerzas Armadas “se están preparando para participar en las actividades de búsqueda y rescate, así como para brindar asistencia humanitaria” ante esta emergencia. La cartera a cargo de Carlos Presti informó que la Armada Argentina planea enviar personal especializado, binomios perro-guía y una brigada para colaborar en la localización de sobrevivientes y apoyar las tareas en las zonas afectadas.
En el Senado, la figura del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra nuevamente bajo el escrutinio público. La falta de quórum impidió avanzar con la sesión dedicada a discutir su continuidad en el cargo. En este contexto, las estrategias parlamentarias se centrarán en la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el libertario Agustín Coto. La semana que viene se debatirán dos proyectos destinados a solicitar la interpelación de Adorni.
Luego de la caída de la sesión en el Senado, la oposición intensificó sus críticas hacia el funcionario. “Ya ni siquiera disimulan. Resulta triste ver la protección política que se brinda a Manuel Adorni tanto en Diputados como en el Senado”, afirmó el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro.
“La cuenta regresiva ha comenzado. Es necesario adoptar una posición, mantenerla y votarla. No hay más lugar para especulaciones o maniobras dilatorias”, agregó. Finalmente, enfatizó: “Adorni no puede presentarse ante ninguna de las cámaras en un carácter que no sea el de ser interpelado por el Congreso. Después de esa instancia, se evaluará la posible moción de censura y su remoción”.
También, la Corte Suprema ratificó la cautelar que obliga al Gobierno a implementar dos artículos de la Ley 27.795 de financiamiento universitario, rechazando el recurso del Ejecutivo y manteniendo la actualización salarial y la recomposición de programas educativos.
Esteban Bullrich, tras renunciar al PRO, recibió una respuesta inmediata del partido. Fernando de Andreis, diputado y aliado cercano de Mauricio Macri, publicó una carta en la que cuestionó las críticas del exsenador y defendió la postura del bloque en relación a Adorni. “Me duele que una historia compartida de más de dos décadas termine con una mirada que considero injusta hacia quienes seguimos esforzándonos por sostener este proyecto en un momento tan complejo”, escribió De Andreis.
Negó que el PRO haya optado por proteger a Adorni y aseguró: “El partido siempre se ha posicionado del lado de la ley y ha cumplido con sus compromisos”.
En paralelo, el Gobierno anunció la designación de 46 jueces pero omitió incluir a María Verónica Michelli, cuyo nombramiento había sido aprobado por el Senado. Sin el decreto presidencial, la magistrada no podrá asumir su cargo en el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata. El Ministerio de Justicia también envió al Senado los pliegos de otros 21 candidatos para jueces, fiscales y defensores oficiales.
Bullrich presentó su renuncia al PRO a través de una carta dirigida a Macri, exclamando su descontento con el rumbo del partido y criticando la decisión de proteger a Adorni, quien está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito. “Quiero presentar mi renuncia irrevocable al PRO, partido que tuve el honor de fundar junto a vos hace más de veinte años”, concluyó.
