Esta presentación se inscribe en una causa por enriquecimiento ilícito, originada en la denuncia de una diputada, y se ha ido enriqueciendo con las pruebas recogidas por el fiscal Pollicita.
El abogado sostiene que existen “riesgos concretos” tanto de fuga como de interferencia en la investigación, lo que justificaría adoptar medidas de coerción personal.
Dalbón señala que la prisión preventiva “es una medida cautelar de carácter excepcional” y reconoce que “la regla durante la sustanciación del proceso penal es la libertad del imputado”. Sin embargo, entiende que en este caso “concurren los presupuestos que justifican el dictado de la prisión preventiva respecto de Manuel Adorni”.
Uno de los ejes centrales de su argumento se basa en el supuesto riesgo de que Adorni interfiera en la investigación. Según el abogado, durante el proceso investigativo se han incorporado “elementos objetivos” que sugieren que el ex funcionario realizó actos concretos para influir sobre uno de los testigos principales.
En particular, se destaca la declaración del contratista Matías Tabar, encargado de la remodelación de una propiedad en un country. Tabar alegó que antes de comparecer ante la Justicia, Adorni lo contactó para solicitarle una reunión y le expresó: “Podés contar conmigo para lo que necesites. Tenés todo mi apoyo. Te van a estar llamando de mi equipo. El abogado”.
Para Dalbón, estas circunstancias “evidencian una conducta objetivamente apta para interferir en la producción de una prueba de singular importancia para el esclarecimiento de los hechos investigados”. Agrega que, hasta su renuncia, Adorni ocupaba uno de los cargos más relevantes dentro de la administración pública, lo cual le otorgaba una capacidad superior para influir en personas vinculadas a la investigación.
Además, el escrito menciona que el imputado ha cambiado públicamente sus explicaciones sobre el origen de su patrimonio a medida que avanzaba la investigación. Estas contradicciones, a juicio del abogado, reflejan una intención de modificar reiteradamente su relato respecto al origen y composición de su riqueza, lo que aumentaría el riesgo de entorpecimiento de la causa.
Se examinan también los antecedentes de la investigación sobre el patrimonio de Adorni, incluyendo operaciones inmobiliarias como la compra de un departamento en Caballito por aproximadamente 230.000 dólares, un monto que, según el escrito, fue en gran parte financiado por un préstamo hipotecario de las vendedoras, cuestionando así la legitimidad de la operación.
Dalbón destaca que las vendedoras eran mujeres jubiladas “sin respaldo económico”, lo que generó dudas sobre la razonabilidad de la transacción. Además, se menciona que ellas adquirieron la propiedad poco tiempo antes por un precio notablemente inferior, lo que llevó a la Justicia a investigar la genuinidad del préstamo.
En relación a la casa en el country, que figura a nombre de su esposa, se menciona que el contratista Matías Tabar realizó trabajos de remodelación por alrededor de 245.000 dólares, pagos que, según la denuncia, fueron realizados en efectivo por Adorni.
El abogado también subraya que existe un “concreto riesgo de fuga” dado los recursos económicos asociados al ex jefe de Gabinete, quien reconoció tener aproximadamente 500.000 dólares no declarados. Esto aumenta significativamente sus posibilidades de evadir la acción judicial.
Dalbón hizo hincapié en que Adorni ha mostrado acceso a vuelos privados, lo que podría facilitar su salida rápida del país. Asimismo, su reciente renuncia al cargo de jefe de Gabinete implicó, según el abogado, la pérdida de su principal arraigo institucional en el país.
Con todo esto, concluye que existen “riesgos concretos de entorpecimiento de la investigación y de fuga”, por lo que considera que la prisión preventiva es la única medida que podría asegurar el normal desarrollo del proceso y la sujeción del imputado a la jurisdicción.
En un correo dirigido al fiscal junto con la presentación, el abogado también recordó un caso relevante de un ex funcionario que permaneció fuera del alcance judicial durante años, alegando una supuesta persecución política. En caso de que no se considere pertinente la solicitud de prisión preventiva, Dalbón pidió que se impida la salida del país de Manuel Adorni, con la retención de su pasaporte y la comunicación de la medida a las autoridades competentes.
