La Fiscalía ha solicitado condenas de entre cuatro y cinco años de prisión para los principales implicados, entre ellos el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el exsecretario de Obras Públicas, José López. También se pide su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de importantes sumas de dinero.
El tribunal, ubicado en Comodoro Py, informará sobre la sentencia que escucharán ambos acusados de manera virtual desde sus lugares de detención: De Vido desde su arresto domiciliario en Zárate y López desde la prisión de Ezeiza.
El caso en cuestión fue el primer escándalo de corrupción revelado durante el primer mandato de Kirchner. Las investigaciones apuntaron al supuesto pago de sobornos y a la práctica de sobreprecios por parte de la constructora sueca, que buscaba adjudicarse las obras de ampliación de dos gasoductos en 2004. Según los cargos, hubo un esquema de sobornos para garantizar la concesión de los trabajos de construcción de los gasoductos Norte y Sur.
La empresa, señalada por direccionar licitaciones y sobornar a funcionarios, también fue acusada de ocultar estos procedimientos a través de un entramado de más de 20 empresas fantasmas, que emitían facturas falsificadas por servicios que nunca fueron efectivamente prestados.
La evidencia principal que reveló este entramado fue una grabación de un ex ejecutivo de la compañía, Javier Azcárate, en la que indica que había recibido pagos de coimas a cambio de asegurar la realización de las obras. La investigación judicial implicó tanto a ex funcionarios como a directivos de Skanska.
El juez federal Sebastián Casanello, al elevar la causa a juicio en 2019, sostuvo que “la empresa Skanska, al momento de la negociación de las ofertas presentadas en el concurso privado, acordó con sus competidores para elevar los costos, lo que fue consentido por los funcionarios públicos que intervinieron directa e indirectamente en el procedimiento”.
Casanello también destacó que los representantes de Skanska decidieron enmarcar legalmente sus actividades ficticias para justificar cada uno de los egresos, computando las transacciones como gastos vinculados al proyecto adjudicado por el Estado Nacional.
El magistrado advirtió que estos hechos habrían causado un perjuicio económico significativo a las arcas públicas, dado que los sobornos generaron un beneficio económico ilegal para los implicados, junto a una extracción de recursos del Estado sin justificación legal.
