Villar califica de “arbitraria” la resolución de la Cámara de Casación y argumenta que, si el expediente debe manejarse en la Justicia Federal por el supuesto delito de lavado de dinero, lo apropiado sería que regresara al juzgado federal de Daniel Rafecas, en Comodoro Py, que había tenido intervención previa en el caso. En caso de que Casación deseche su petición, el fiscal planea presentar una queja directamente ante la Corte Suprema.
La investigación examina el origen y la ruta del dinero empleado para adquirir la mansión de Pilar, que está valuada en 20 millones de dólares y en la que se hallaron 54 automóviles de alta gama. La propiedad se encuentra registrada a nombre de Real Central SRL, cuyos dueños, Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, son considerados potenciales testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
El reclamo del traslado del expediente a Campana había surgido de las defensas de Pantano y Conte, argumentando que la competencia territorial debía definirse en función de la ubicación de la propiedad en cuestión.
No obstante, la Cámara de Casación resolvió el asunto al considerar los aspectos de competencia material, determinando que, al tratarse de una indagación por presunto lavado de activos, precisaba la intervención de la Justicia Federal.
Por ende, el tribunal ordenó el envío del expediente a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, desde donde sería dirigido al juzgado federal de Campana, presidido por Adrián González Charvay.
Villar sostiene que el razonamiento para apartar la causa del fuero Penal Económico debería llevar a la conclusión opuesta. Si la justificación es que el lavado de dinero es un delito federal, sostiene que el expediente debe regresar a Rafecas en Comodoro Py y no ser enviado a Campana.
El fiscal ya había indicado que la indagación no se limita a la compra de la mansión en Pilar, sino que desde un principio se está analizando un posible entramado de lavado de activos de mayor envergadura.
En ese sentido, había apuntado que Real Central SRL tiene su sede en la Ciudad de Buenos Aires, al igual que su predecesora, Central Park Drinks SRL. Asimismo, destacó que la escritura de compraventa fue firmada en una dirección porteña.
Villar había mencionado también distintos puntos de la ciudad que, según la hipótesis de la investigación, estarían conectados con el circuito de fondos en análisis, incluyendo financieras en la avenida Corrientes, un estudio jurídico en la calle Lavalle relacionado con Juan Pablo Beacon y la facturación de Recomi SA. También destacó un domicilio en Montevideo y Quintana como el lugar donde se habría realizado una entrega de dinero efectivo.
La postura del fiscal, por lo tanto, se centra en el origen de los fondos utilizados para adquirir la mansión y no únicamente en la ubicación de la propiedad. Según la investigación, estas sumas podrían derivar de maniobras ilícitas asociadas a la AFA.
El recurso extraordinario federal presentado también aborda una supuesta contradicción entre decisiones previas de la Cámara de Casación y la resolución que finalmente determinó el traslado de la causa.
Según Villar, en mayo el tribunal había indicado que no procedía apartar el caso de la jueza en lo Penal Económico María Eugenia Straccia, advirtiendo que abrir una contienda de competencia podría perjudicar la celeridad del proceso. Ahora, la causa ha sido separada de dicho juzgado y dirigida a la Justicia Federal de Campana, lo que para Villar es un indicio de “arbitrariedad” en la decisión.
Uno de los magistrados que ha sido mencionado, Mariano Borinsky, refutó que hubiera modificado su postura. En su primera intervención, consideró que la cuestión planteada por Villar era de trámite y no federal, validando a la Cámara de San Martín y a Campana.
En su segunda intervención, habilitó un planteo constitucional sobre quién debería ser el juez natural que continuara con la investigación. Borinsky afirmó que “el delito de lavado de dinero, cuando se investiga únicamente ese posible delito, es federal, nunca es competente lo Penal y Económico”. Los tres miembros de la Sala coincidieron en que el delito investigado era de jurisdicción federal.
También aclaró que el expediente no volvió a Rafecas porque “las cuestiones de competencia son entre dos; teníamos dos opciones, no había una tercera. Rafecas nunca reclamó el caso”.
La Cámara de Casación deberá decidir si admite el recurso extraordinario federal de Villar. Si lo acepta, el avance del caso se detendrá hasta que se resuelva la cuestión de competencia. En caso de ser rechazado, Villar podrá apelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que podría llevar la controversia sobre quién debe investigar la causa de la mansión de Pilar hasta el máximo tribunal.
Mientras tanto, el caso continúa bajo análisis por el presunto lavado de activos asociado a la compra de la propiedad. Hasta el momento, Pantano y Conte no han proporcionado explicaciones sobre cómo adquirieron una mansión valorada en 20 millones de dólares.
