La caravana partirá desde la localidad de Andresito y se dirigirá hacia el hotel donde se celebrará el encuentro empresarial. Los productores tienen la intención de entregar un documento al Presidente con sus demandas y exponer una situación que, según afirman, se ha deteriorado desde la eliminación de un precio de referencia para la materia prima. De acuerdo con el dirigente Jorge Skripczuk, actualmente el precio de la hoja verde varía entre 250 y 300 pesos por kilo, mientras que los costos de producción superan los 500 pesos.
Skripczuk explicó que en 2023 ‘el kilo de hoja verde puesta en secadero tenía un valor de 210 pesos. En ese entonces, al cosechero se le pagaba 15.000 por tonelada, otros 11.000 se abonaban por corresponsabilidad gremial y el gasoil costaba 380 pesos el litro. Ahora, el precio de la yerba está entre 250 y 300 pesos, pero el costo de la cosecha se elevó a 79.000 por tonelada, la corresponsabilidad ha aumentado a 44.000 y el gasoil se adquiere a 2.300 pesos por litro’.
Skripczuk señaló que el INYM ‘tuvo aciertos y errores, pero funcionaba’; en cambio, enfatizó que ‘hoy los productores estamos a la deriva’.
Este conflicto también ha suscitado una respuesta por parte del oficialismo provincial, que ha avanzado con un proyecto en la Legislatura que propone establecer un Precio Mínimo Sostén (PMS) obligatorio para la hoja verde. Esta iniciativa, impulsada por pequeños productores, cuenta con el respaldo del gobernador Hugo Passalacqua, quien busca recuperar una herramienta de regulación que fue desactivada a nivel nacional.
El proyecto beneficiará a productores con parcelas de hasta 50 hectáreas y establece que ninguna empresa o individuo podrá adquirir la materia prima por debajo del precio determinado por la provincia. Se podrá acordar un valor superior, pero no se permitirá superar este mínimo. Además, el Estado provincial tendrá la facultad de fiscalizar y revisar documentación comercial y movimientos bancarios de los compradores. De detectarse operaciones por debajo del mínimo, se podrá exigir el pago de la diferencia y aplicar sanciones.
Esta iniciativa representa un cambio significativo en relación con la política nacional y se inscribe en un proceso de creciente autonomía del gobernador Passalacqua en su relación con la Casa Rosada. Aunque ha apoyado algunas iniciativas del oficialismo en el Congreso, también ha mantenido diferencias y busca consolidar una postura propia. A esta mayor independencia se suma su distanciamiento de su exjefe político, el exgobernador Carlos Rovira, en un esfuerzo por forjar un liderazgo distintivo.
La implementación del DNU 70/2023, impulsada por Javier Milei, significó que el precio de la hoja verde quedara sujeto a la negociación entre productores e industria, debilitando la capacidad del INYM para establecer precios de referencia. Para 2025, el organismo había perdido gran parte de su funcionalidad. Sin embargo, su rol es crucial dado que la cadena yerbatera muestra una estructura de poder desigual.
La producción primaria está fragmentada entre miles de pequeños productores, mientras que la industria molinera y fraccionadora está notablemente concentrada. En 2024, un estudio del CEPA contabilizaba alrededor de 12.000 productores primarios, 228 establecimientos de secado y 105 industrias molineras y fraccionadoras. Las diez principales empresas concentraban el 72,7 por ciento del mercado, y las tres más grandes acaparaban el 41 por ciento.
En este marco, el INYM actuaba como un ente de negociación y regulación entre los distintos eslabones de la cadena. Su intervención permitía establecer un precio de referencia que asegurara la rentabilidad de los productores. Con su debilitamiento, la capacidad de negociación se ha inclinado más hacia el sector industrial concentrado.
Actualmente, los productores se preparan para realizar un tractorazo en demanda de que el Gobierno nacional restituya las facultades del INYM, mientras que la provincia avanza con un mecanismo propio que garantice un precio mínimo.
