A pocas horas del debut de la selección argentina en el Mundial de fútbol, Mauricio Novelli presentó ante la Justicia un pedido para excluir del expediente penal a los inversores afectados por el lanzamiento y posterior caída del criptoactivo $LIBRA. El lobista argumentó que, tras más de 15 meses de investigación, no se logró comprobar la existencia de una estafa ni determinar que los compradores hayan sido víctimas de un engaño.
En caso de que la solicitud sea aceptada, varios de los principales impulsores de la causa dejarían de participar como querellantes dentro del proceso judicial.
Novelli presentó una “excepción de falta de acción” mediante un escrito de 46 páginas, en el que sostuvo que la investigación intenta transformar pérdidas derivadas de operaciones especulativas en un supuesto fraude, sin identificar una falsedad concreta ni un perjuicio patrimonial atribuible a los acusados.
En su defensa, afirmó que no existe ninguna declaración objetivamente falsa que pueda ser vinculada a él, Hayden Davis, Manuel Terrones Godoy o el presidente Javier Milei, entre otros involucrados.
Representado por su abogado Daniel Rubinovich, Novelli también defendió la actuación de Milei respecto de una publicación en la red social X relacionada con la adquisición del token. Según el letrado, los denunciantes no pudieron demostrar qué información patrimonial falsa habría influido en sus decisiones ni de qué manera ese mensaje habría determinado sus inversiones.
La defensa sostuvo que la publicación tuvo un carácter político y que no representó una recomendación financiera ni incluyó promesas de ganancias. Además, planteó que existe una diferencia entre generar interés público y realizar una maniobra engañosa destinada a provocar un perjuicio económico.
La causa analiza si el lanzamiento de $LIBRA pudo haber configurado un esquema conocido como “rug pull”, una modalidad en la que se impulsa el valor de un activo digital para luego provocar una caída que beneficia a sus desarrolladores y perjudica a los compradores.
Según las estimaciones incorporadas al expediente, unas 74.000 personas habrían adquirido el token, mientras que cuentas vinculadas al proyecto habrían retirado cientos de millones de dólares. Algunos inversores lograron vender antes del desplome, mientras que otros registraron pérdidas.
El pedido de exclusión apunta contra cinco compradores que participan como querellantes: Juan Marchetto, Alan Vega, Matías Paris, Braian Quintero y Martín Romeo, quien representa a un grupo de más de 200 inversores ante una comisión de investigación legislativa.
Novelli sostuvo que los compradores ya no cumplen con la condición de “particulares ofendidos” requerida por el Código Procesal Penal. Recordó que la Justicia había autorizado inicialmente su participación porque no se podía descartar la hipótesis de una estafa, aunque consideró que, luego de más de un año de investigación, esa posibilidad no fue confirmada.
La incorporación de los inversores como querellantes había sido cuestionada previamente por Novelli, pero distintos tribunales mantuvieron su participación dentro de la causa. Esa condición les permite acceder al expediente, solicitar medidas de prueba y formular pedidos ante la fiscalía a cargo de la investigación.
En su presentación, la defensa remarcó que $LIBRA es una “memecoin”, un activo digital caracterizado por su alta volatilidad y falta de regulación. Bajo ese argumento, sostuvo que quienes participan en este tipo de mercados asumen un nivel elevado de riesgo y que no corresponde aplicar los mismos criterios que en los mercados financieros tradicionales.
Además, planteó que no están presentes los elementos necesarios para configurar una estafa penal: un engaño, un error provocado, una disposición económica y un perjuicio directamente relacionado.
La defensa también señaló que algunos de los querellantes tenían experiencia previa en operaciones con criptomonedas. Según el escrito, varios de ellos habían realizado movimientos en plataformas digitales y activos de riesgo, por lo que no habrían sido inversores sin conocimiento del funcionamiento de este mercado.
Otro punto planteado por Novelli fue que algunos denunciantes orientaron sus acusaciones hacia posibles delitos vinculados a la administración pública, como negociaciones incompatibles. Según su postura, ese cambio de enfoque debilita la posición de los inversores como supuestos damnificados directos.
Finalmente, el escrito rechazó que el caso pueda ser considerado un “rug pull”. La defensa argumentó que los responsables del proyecto eran identificables, que el token continuó operativo y que se impulsaron nuevas iniciativas vinculadas al activo digital.
Según Novelli, una fuerte caída en el precio de una criptomoneda no implica por sí sola la existencia de un delito, ya que forma parte de los riesgos propios de los mercados especulativos.
La decisión final quedará en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien deberá resolver el planteo y luego comunicar su decisión al fiscal Eduardo Taiano. Si el pedido prospera, los inversores perderían su rol de querellantes y verían reducida su capacidad de intervenir activamente en la investigación.
