La audiencia se iniciará a las 9:30 horas, donde los nueve imputados tendrán ocasión de pronunciar sus últimas declaraciones. Posteriormente, el tribunal, conformado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg, fijará el momento para la lectura del veredicto.
En la audiencia celebrada el miércoles anterior a esta decisión final, tanto la Fiscalía como la querella de la Unidad de Información Financiera y las defensas presentaron réplicas y dúplicas de sus argumentos.
El fiscal federal Diego Velasco solicitó condenas de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para De Vido, López, los hermanos Schoklender y el ex funcionario Abel Fatala, acusándolos de administración fraudulenta agravada por haberse cometido contra la administración pública.
Además, el fiscal pidió cuatro años de prisión para el ex presidente del Instituto de la Vivienda de Santiago del Estero, Daniel Nasif, la ex funcionaria de la Jefatura de Gabinete de Santiago del Estero, Silvia Nasif, y los ex funcionarios del Ministerio de Planificación Federal, Carlos Castellano y Claudio Freidin.
Velasco también reclamó el decomiso de bienes por un total de 206 millones de pesos, correspondientes al dinero desviado en el periodo investigado, con la actualización por inflación que corresponda al momento de que la condena sea firme, sugiriendo que esos fondos sean destinados a programas de vivienda social. La UIF respaldó las mismas penas y la solicitud de decomiso.
“Se ha demostrado cómo a través de un esquema criminal pergeñado y organizado desde el estado nacional en connivencia con los responsables del proyecto ‘Misión Sueños Compartidos’ de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, tanto Sergio como Pablo Schoklender, actuaron como apoderados adjudicándose mediante contrataciones directas obra pública de construcción de viviendas sociales y hospitales en varias provincias afines al gobierno nacional de aquellos años”, argumentó Velasco.
Por su parte, las defensas de los acusados rechazaron las acusaciones y solicitaron la absolución, planteando además que la causa está prescripta por el paso del tiempo.
El expediente investiga el desvío de 200 millones de pesos de los aproximadamente 900 millones que, entre 2008 y 2011, el gobierno de Cristina Kirchner asignó a la fundación de las Madres de Plaza de Mayo, entonces liderada por Hebe de Bonafini, para la construcción de viviendas en distintas provincias y municipios como la ciudad de Buenos Aires, Santiago del Estero, Rosario y Ezeiza. Bonafini, en su momento, fue procesada y enviada a juicio oral, falleciendo en 2022.
Sin embargo, muchas de las viviendas prometidas nunca fueron construidas y los empleados involucrados en el proyecto no recibieron sus salarios ni los aportes correspondientes. El caso tiene un segundo tramo relacionado con un presunto lavado de dinero, ya que parte de los fondos desviado habría terminado en empresas de los hermanos Schoklender.
