Desde la ANSeS no se ha detallado cuántos juicios pueden ser liquidados con este nuevo monto, ni el número total de demandas que se siguen acumulando en su contra. Asimismo, se desconoce el número de reajustes de haberes que se derivarían de las sentencias que serán abonadas.
Se trata de un refuerzo significativo para el presupuesto, sumándose a los $ 500.000 millones que se habían ampliado en mayo, especialmente debido al significativo retraso en el pago de las sentencias firmes a favor de los jubilados que enfrenta la ANSeS.
El abogado Adrián Tróccoli indicó que “la cantidad de juicios es difícil de calcular. Se estima que hay unos 94.000 juicios firmes pendientes de pago y otros 240.000 juicios en trámite. También hay juicios firmes con pagos parciales o sin pago que están siendo ejecutados, aumentando considerablemente el total de litigiosidad”.
Asimismo, los reclamos por el reajuste de haberes jubilatorios constituyen el 76% de las causas en la Corte Suprema, según un informe del organismo de meses recientes.
Debido a la falta de actualización del presupuesto para el pago de estos juicios firmes en los últimos años, la ANSeS había decidido separar la actualización del haber mensual de las nuevas sentencias del pago del retroactivo, postergando este último para una fase posterior.
La normativa previsional establece que el pago completo de la sentencia, que incluye la retroactividad y el reajuste del haber, debe llevarse a cabo en un plazo de 120 días. Para el Tesoro Nacional, era más ventajoso en términos fiscales postergar el pago de los retroactivos que asumir el gasto de reajustar únicamente el haber previsional de los jubilados con sentencia firme. Jueces especializados en seguridad social han señalado que esta separación entre el pago de haberes y el retroactivo es ilegal.
Cada año, la ANSeS destina una partida que se establece en el presupuesto nacional. Sin embargo, el stock de juicios pendientes no disminuye, dado que continúan ingresando nuevos reclamos y los abogados de los jubilados argumentan que, en muchos casos, el pago de la retroactividad o del haber ajustado se realiza de manera incorrecta, lo que les obliga a litigar nuevamente.
La cantidad de juicios con sentencia firme no es mayor porque la Corte Suprema no ha dictado resoluciones sobre apelaciones que han sido presentadas por la ANSeS respecto a reclamos que llevan años en trámite en instancias inferiores.
Además, existen diversos reclamos relacionados con la anulación de pensiones por discapacidad, el descuento del impuesto a las Ganancias de los haberes jubilatorios y la mala liquidación de las sentencias ya abonadas.
También se cuestionan los topes aplicados por la ANSeS sobre las liquidaciones de haberes más altos. Los jueces se basan en un fallo de la Corte Suprema conocido como “Actis Caporale” de agosto de 1999, que establece que estos topes no pueden superar el 15% para evitar una quita confiscatoria.
Con los aumentos decretados en 2020, la estructura de los haberes jubilatorios se modificó, favoreciendo a quienes menos perciben y perjudicando a los haberes medios y altos, tras una pérdida del 19,5% que sufrieron todos los jubilados durante la administración anterior. Además, se han presentado recursos contra la suspensión retroactiva de la movilidad.
Las Cámaras Federales y de Seguridad Social en varias provincias han declarado la inconstitucionalidad de la fórmula de movilidad aplicada entre 2021 y marzo de 2024, y han ordenado la reparación de la pérdida acumulada durante ese tiempo. Aunque el Gobierno reconoce esta pérdida, no ha implementado medidas para su reparación, y el bono de hasta $ 70.000 para los haberes mínimos permanece congelado desde marzo de 2024.
