– Reforma del BCRA: mandato único y límites al financiamiento
– Inocencia Fiscal II: qué cambia en el régimen simplificado
El oficialismo logró avanzar este miércoles hacia el dictamen del tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, al tiempo que busca replicar esta estrategia con el proyecto de Inocencia Fiscal II. Esto se da tras el envío de los respectivos expedientes a las comisiones correspondientes realizado por la vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarruel.
Desde el oficialismo se han expresado críticas hacia Villarruel, señalándola como la responsable de la demora en el tratamiento de dos iniciativas clave para el Poder Ejecutivo. “Es irrisorio que no haya girado los proyectos, ya pasó una semana”, comentaban fuentes del oficialismo en el transcurso de la semana pasada.
El sector libertario, por su parte, había intentado iniciar el tratamiento la semana pasada, pero los documentos permanecieron en la oficina de la vicepresidenta antes de su envío formal. Finalmente, este lunes la vicepresidenta dio luz verde al debate en las comisiones luego de un nuevo enfrentamiento con la líder de la bancada libertaria, Patricia Bullrich.
Fuentes cercanas al oficialismo aseguraron que están recolectando las firmas necesarias para dictaminar la próxima semana y llevarlo al recinto en un plazo de 15 días.
La agenda del día incluyó dos momentos clave. A partir de las 11 de la mañana se llevaron a cabo las reuniones de las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda, donde participaron el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning.
Por la tarde, a las 17.30, se aguardaba la reunión de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda para abordar Inocencia Fiscal II, con la participación del contador Martín Caranta y del abogado Juan Martín Jovanovich.
Durante la apertura de la reunión de la Comisión de Economía Nacional, Bausili intentó despolitizar la discusión en torno al proyecto, vinculándolo a aspectos técnicos del funcionamiento del Banco Central. “El proyecto está impulsado por argumentos económicos, no tiene un origen político”, enfatizó.
“Consideramos que la Carta Orgánica del BCRA tiene un componente estructural que resulta fundamental para la economía”, agregó el presidente del Banco Central, quien también se refirió a la historia acumulada bajo el marco normativo vigente. “Contamos con 25 años de experiencia con esta Carta Orgánica y los resultados son evidentes. Eso nos alienta a promover ciertas modificaciones”, afirmó.
En esta línea, Bausili subrayó que la normativa actual no ha logrado cumplir con el objetivo central de preservar el valor de la moneda. “No se logró ni siquiera cumplir con el requerimiento de preservar el valor de la moneda”, destacó.
El funcionario explicó que la redacción de la reforma fue revisada con las áreas técnicas del Banco Central. Según detalló, antes de avanzar con las modificaciones se llevó a cabo un análisis de cómo opera cada sector de la entidad bajo la actual Carta Orgánica.
“Las modificaciones que realizamos se llevaron a cabo tras consultar a las áreas técnicas del BCRA para entender cómo actúan bajo la actual normativa y así ajustar el texto”, aseguró.
Bausili enfatizó que los cambios propuestos cuentan con respaldo técnico y que, en general, buscan reducir los costos operativos de la entidad. “Dichas modificaciones tienen un soporte técnico, que normalmente están asociadas a hacer más eficiente y menos costosa la operativa del BCRA”, indicó.
El proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central se identifica como CD-7/26 y fue aprobado por la Cámara de Diputados el 26 de agosto, recibiendo 144 votos a favor, 102 en contra y nueve abstenciones. Esta iniciativa forma parte del plan económico de Javier Milei y busca reestructurar el funcionamiento de la autoridad monetaria, centrándose en la estabilidad de la moneda.
Un cambio clave establece que la misión principal y esencial del BCRA será la preservación del valor de la moneda. De este modo, el texto elimina del mandato legal los objetivos relacionados con la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social, que se habían incorporado durante la reforma de 2012.
La propuesta también tiene como objetivo clausurar las vías de financiamiento del sector público a través del BCRA. En este sentido, el proyecto prohíbe que la entidad brinde préstamos al Estado nacional, a las provincias, a la Ciudad de Buenos Aires y a los municipios. Adicionalmente, incluye la prohibición de adquirir títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario.
El texto elimina, además, las facultades relacionadas con el direccionamiento del crédito hacia sectores específicos y la implementación de políticas crediticias diferenciadas. Los funcionarios sostienen que estas herramientas exceden las funciones propias de una autoridad monetaria y podrían afectar la estabilidad de la moneda.
Otro aspecto destacado se refiere al balance del BCRA. El proyecto estipula que las utilidades distribuibles deben destinarse ante todo a reservas hasta alcanzar, al menos, el 50% del capital de la institución. Los fondos que posteriormente puedan ser transferidos al Tesoro deberán ser utilizados exclusivamente para la cancelación de la deuda pública.
La reforma también modifica el mecanismo de destitución de los integrantes del directorio del Banco Central. El Poder Ejecutivo podrá ordenar la salida de sus autoridades, pero deberá justificarlo con causales específicas, tales como incapacidad sobreviniente, incompatibilidades, violación de prohibiciones o una falta grave y manifiesta en el ejercicio de sus funciones. Esta decisión requerirá la aprobación previa de ambas cámaras del Congreso por una mayoría de dos tercios de los miembros presentes.
El debate en el Senado se verá afectado por la necesidad del oficialismo de formar una mayoría con los bloques aliados. La Libertad Avanza no cuenta con los votos suficientes para proceder por sí sola y deberá negociar los términos del proyecto con senadores radicales y provinciales.
El modelo de control sobre las autoridades del BCRA, la prohibición de asistencia financiera a las provincias y el margen de actuación de la entidad respecto al crédito serán algunos de los puntos que podrían suscitar objeciones.
El segundo proyecto, designado como CD-8/26, introduce modificaciones en las leyes 11.683 y 27.799, así como en el régimen sancionatorio para los trabajadores rurales. Esta propuesta amplía el régimen simplificado de declaración jurada de Ganancias establecido por la ley de Inocencia Fiscal.
Una de las modificaciones más significativas es la eliminación de los topes de ingresos y patrimonio que actualmente limitan el acceso a este régimen: $1.000 millones de ingresos totales y $10.000 millones de patrimonio. Gracias a este cambio, las personas físicas y sucesiones indivisas residentes en el país podrán optar por una modalidad de declaración jurada simplificada, sin los límites económicos antes mencionados.
El proyecto mantiene, para quienes ingresen al régimen, la presunción de exactitud de la declaración y el efecto liberatorio del pago. La declaración se considerará válida y la obligación tributaria quedará saldada, salvo que la AFIP detecte una discrepancia significativa bajo los parámetros que se establecen en la iniciativa.
La propuesta incluye reglas específicas para grandes contribuyentes y ciertos funcionarios públicos. Estos sujetos podrán utilizar la modalidad simplificada para presentar su declaración y realizar el pago, pero no podrán acceder a la presunción de exactitud ni al resto de los beneficios del régimen.
Otro aspecto relevante es la facultad de canalizar operaciones a través de entidades autorizadas por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores. La iniciativa considera cumplido este requisito cuando los fondos transiten por el sistema financiero formal tanto en el origen como en el destino de la operación.
Además, se contemplan los pagos en efectivo realizados en escrituras públicas vinculadas con inmuebles, bajo un régimen especial que se extendería hasta el 31 de diciembre de 2027.
El oficialismo buscará avanzar con los dictámenes a lo largo de esta semana y utilizará el debate para organizar una agenda económica que también abarca temas como biocombustibles, inversiones y obras públicas.
La decisión sobre los proyectos se tomará en un Senado donde la demora inicial ya ha puesto de manifiesto la disputa por el control de la agenda y donde cada iniciativa requerirá un acuerdo específico con los aliados.
