La mayor incertidumbre recae en la recaudación. Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) señala que hasta agosto los ingresos tributarios nacionales ya presentan una disminución real del 3,8 por ciento, mientras que el Presupuesto prevé una contracción de solo 0,9 por ciento para 2026. Para cumplir con estas expectativas, la recaudación debería aumentar un 5,4 por ciento real interanual entre septiembre y diciembre.
En algunos impuestos, el incremento necesario es aún más elevado. Los Derechos de Exportación enfrentan una caída real del 28,3 por ciento hasta agosto, y para cumplir con las proyecciones del Presupuesto, necesitarían crecer 65,8 por ciento real en el comparativo interanual durante los últimos cuatro meses del año. Otro estudio de IARAF indica que los ingresos tributarios del sector público nacional ya han registrado una disminución del 5,2 por ciento real en los primeros ocho meses del año.
A partir de esta situación, el Gobierno ha planeado una significativa recuperación para el próximo año. Según IARAF, el Presupuesto asume que la recaudación tributaria nacional aumentará 5,7 por ciento real en 2027. Se anticipan caídas únicamente en Bienes Personales y los recursos de la seguridad social, mientras que el resto de los tributos deben contribuir con un mayor volumen de recursos.
Entre las subas más desafiantes se encuentran el impuesto a los combustibles, que debería incrementarse en un 31,7 por ciento real, y los Derechos de Exportación, que requieren un crecimiento proyectado del 16,8 por ciento. Sin embargo, por su relevancia en la estructura tributaria, el IVA y Ganancias serán los impuestos que generarán la mayor parte de los ingresos adicionales.
La necesidad de una recuperación en los ingresos es esencial para entender el ajuste implícito en el Presupuesto. El proyecto busca mantener en torno al 1,3 por ciento del PBI el superávit primario, al mismo tiempo que contempla una expansión del gasto. Las estimaciones de IARAF indican que el gasto primario crecería un 4,2 por ciento real en 2027, con un aumento del 7,2 por ciento en las prestaciones de seguridad social y del 3,8 por ciento en el gasto salarial.
Para lograr la viabilidad de ambos aspectos, el Gobierno debe asegurar que los recursos se alineen con las proyecciones. Los ingresos totales tendrían que aumentar 3,6 por ciento real, y los ingresos impositivos, en particular, deberían crecer un 8,6 por ciento. Si esta recuperación no se materializa, el mantenimiento del resultado fiscal obligaría a buscar ajustes adicionales en el gasto.
Este posible ajuste se produciría después de tres años de recortes significativos. IARAF sostiene que el gasto de la Administración Pública Nacional ha experimentado una reducción equivalente a 14 puntos porcentuales del PBI en el transcurso de tres años. En 2026, el gasto primario también se encuentra en caída, registrando un descenso real del 2,5 por ciento en los primeros ocho meses. Por lo tanto, el margen para lograr nuevos ahorros fiscales, sin afectar partidas que ya han sufrido recortes, es considerablemente limitado en comparación con el inicio de la gestión.
Las proyecciones tributarias también dependen del escenario macroeconómico elegido por el Ministerio de Economía. El proyecto prevé un crecimiento del PBI del 4 por ciento en 2027, tras un 3 por ciento estipulado para 2026. Un auge en la actividad económica podría impulsar el IVA, las Ganancias y otros impuestos relacionados con el consumo y los ingresos. Sin embargo, si la expansión resulta inferior a la esperada, la recaudación se vería igualmente afectada, poniendo en riesgo tanto el gasto previsto como el superávit fiscal.
Frente a estas tensiones, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, respaldó el plan financiero para el próximo año y aseguró que el Gobierno ha diseñado un camino para manejar los vencimientos, incluso en un entorno desfavorable en el exterior. “Tenemos el programa financiero cerrado para este año y el año que viene sin depender de los mercados internacionales”, sostuvo. Entre las herramientas mencionadas se encontraban los swaps con China y Estados Unidos y el superávit comercial.
Furiase también fue consultado sobre las modificaciones en el Presupuesto que afectan la actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y los cambios relacionados con la discapacidad, dos temas sensibles en la discusión. El funcionario evitó opinar sobre estas medidas y se distanció de la polémica: “Si me dejás, prefiero excusarme y no meterme en lo que está politizado”. Mientras Finanzas asegura tener cubierta la deuda, la incertidumbre fiscal recae en la capacidad de sostener el superávit sin nuevas reducciones en un gasto público que ya ha sufrido tres años de ajustes.
