A pesar de la inestabilidad de sus negocios, un grupo de empresarios lo aplaude por sus reformas laborales y la reducción de impuestos. Sin embargo, es probable que muchas de estas empresas enfrenten un colapso inminente, aunque se aferra a una ideología que prioriza la renta inmediata sobre la sostenibilidad.
El Poder Ejecutivo ha presentado dos iniciativas legislativas al Congreso, siendo una de ellas referente a las islas Malvinas. Este primer capítulo incluye sanciones a empresas que operen en dichas islas sin la autorización de Argentina, recordando medidas tomadas durante los gobiernos kirchneristas.
Sin embargo, el proyecto se desliza hacia la represión, utilizando la doctrina de seguridad nacional para reducir la soberanía política y justificar la persecución de opositores, sindicatos, estudiantes y periodistas, tratándolos como si fueran narcoterroristas. Aparentemente, la trampa está en que, si rechazan el proyecto, se vería como un menosprecio a la soberanía argentina en Malvinas, obligando a los legisladores a desmenuzar el texto para evitar una cacería de brujas.
Históricamente, este gobierno ha sido reticente a defender la soberanía en Malvinas. Por esto, la aprobación de las sanciones a las empresas pesqueras y petroleras en la zona es crucial. Se espera que las aseguradoras y empresas de soporte reconsideren su relación con Argentina ante cualquier incumplimiento. Empresas como Noble Corporation y Harbour Energy están en esa encrucijada. Entre estas, la israelí Navitas, también involucrada con Mercado Libre, propiedad de Marcos Galperin, entra en la lista de entidades que deben reevaluar su futuro.
Milei justificó su cambio de postura sobre Malvinas como parte de una estrategia para conseguir el apoyo de Gran Bretaña en su enfrentamiento con Irán, reconociendo que su soberanía se ha convertido en moneda de cambio en negociaciones con Estados Unidos. Esta decisión resuena con episodios históricos antes, donde EE. UU. ha afectado la causa argentina en Malvinas, desde la entrega de las islas al control británico en 1833 hasta su respaldo a Gran Bretaña durante la guerra de 1982.
El otro proyecto presentado es el presupuesto para 2027. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se reunió con gobernadores de provincias para discutir la aprobación de reformas políticas y aspectos de dicho presupuesto. Estos mandatarios, mediante un encuentro posterior, comenzaron a evaluar sus posiciones políticas de cara a las elecciones que se avecinan, buscando consolidar un espacio centrista entre ellos.
Sin embargo, el presupuesto anticipa proyecciones poco realistas, como una disminución de la inflación al 10% anual, cuando en realidad se proyecta que alcance el 30%. A pesar de estas advertencias, propone un aumento en el consumo asociado a mejoras salariales y la disminución de gastos en áreas como educación y discapacidad. Pronostica un crecimiento del PBI de entre el 3% y el 5%, aunque la situación real ha arrojado resultados negativos, incluso con cifras récord en la balanza comercial. La economía ha sufrido un retroceso, con una caída del PBI del 0,6% y una notable reducción en el consumo e inversión.
En un giro hacia el espionaje, el presupuesto asignado para esta área ha aumentado en cerca del 50% en los últimos dos años. El presidente parece estar más preocupado por la protección personal que por las fallas en su gestión. Se especula que el despido de personal en la Quinta de Olivos fue motivado por preocupaciones sobre la confidencialidad de su entorno tras una supuesta intoxicación de uno de sus perros.
Mientras se acercan las fechas electorales, el Partido Judicial vuelve a centrar su atención en Cristina Kirchner, con juicios programados para el próximo año sobre casos polémicos. Los abogados de la expresidenta, ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, sostienen que han presentado pruebas que desmienten las acusaciones de favoritismo en la obra pública. A pesar de la seguridad de los medios sobre su conocimiento previo de esta información, no se permitió su inclusión en la defensa.
La persecución judicial que enfrenta Cristina Kirchner no solo la involucra a ella, sino que busca deslegitimar a todo el peronismo y, por ende, a cualquier intento de políticas redistributivas que desafíen el poder establecido. Este contexto deja clara la postura del Partido Judicial en el panorama político actual.
