El informe muestra una marcada desigualdad en su impacto: hay provincias donde la inseguridad alimentaria llega al 18,77% de los hogares, en contraste con solo un 3,93% en la jurisdicción con mejores condiciones.
Titulado “La geografía del riesgo alimentario en la Argentina (2010-2022)”, el trabajo combina datos microterritoriales de censos nacionales con la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA). Se utilizaron las oleadas de 2010 a 2013 para el modelo aplicado al Censo 2010 y las de 2021 a 2024 para el Censo 2022.
La inseguridad alimentaria se refiere a las dificultades de los hogares para mantener una alimentación adecuada, que puede manifestarse en una reducción de la cantidad o calidad de los alimentos, y en sus casos más extremos, en experiencias de hambre debido a la falta de recursos económicos.
Esta herramienta se basa en estimaciones indirectas, ya que los censos no recogen preguntas específicas sobre inseguridad alimentaria. El modelo utiliza los datos de la EDSA-UCA para establecer las probabilidades de riesgo en cada hogar, considerando la información recopilada en los 12 meses previos sobre la reducción de porciones y las experiencias de hambre.
Agustín Salvia, director del observatorio, destacó que el nuevo estudio busca llenar el vacío de información territorial desagregada. “No teníamos medidas específicas sobre lo que ocurría en el territorio a un nivel microsocial y microterritorial”, afirmó Salvia.
La combinación de la información de la encuesta con los datos censales permite estimar indirectamente el riesgo en cada hogar, ya que las preguntas del censo no abordan directamente la inseguridad alimentaria.
En 2022, las provincias con mayores porcentajes de inseguridad alimentaria fueron Formosa (18,77%), Chaco (17,46%) y Santiago del Estero (17,40%). A pesar de que Santiago del Estero y Misiones mostraron descensos desde 2010, Chaco permaneció prácticamente en los mismos niveles. Por otro lado, provincias como Mendoza, San Juan, Santa Fe y Buenos Aires vieron un aumento en los promedios.
En el extremo opuesto, la ciudad de Buenos Aires reportó el porcentaje más bajo (3,93%), seguida por Santa Cruz (6,02%) y Tierra del Fuego (6,18%).
La persistencia territorial es notable: de los 20 departamentos con mayor riesgo, 17 se mantienen en ese grupo en ambos censos, señalando que los tres que ocupaban las posiciones más altas se mantuvieron estables entre 2010 y 2022.
Las diferencias entre jurisdicciones son reveladoras: en 2022, la brecha entre Formosa y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llegó a 14,81 puntos porcentuales; 18,77% frente a 3,96%. La reducción de algunas distancias se atribuye a descensos en áreas previamente afectadas y aumentos en jurisdicciones con niveles más bajos, lo que demuestra que la reducción de brechas no necesariamente equivale a una mejora general.
El informe también destaca la disparidad entre áreas urbanas y rurales. En la ruralidad dispersa, el riesgo de inseguridad alimentaria severa se situó en 22,44% en 2022, mientras que en las áreas urbanas el promedio pasó de 6,89% a 8,82%. En la ruralidad agrupada, sin embargo, el indicador aumentó del 12,52% al 15,06%.
A nivel regional, el norte del país presenta los niveles más altos de riesgo, con el NEA alcanzando un promedio de 15,81% y el NOA de 14,23%. El NEA fue la única región que mostró un descenso en comparación con 2010, mientras que el NOA incrementó su índice.
La comparación de censos también permite identificar territorios con niveles altos y nuevos aumentos en el indicador. Aunque el estudio se concentra en la cobertura territorial de 2010 a 2022, los investigadores mencionaron tendencias recientes.
Respecto a la evolución de la inseguridad alimentaria, Salvia comentó: “Hasta ahora había subido en 2023-2024 y cayó en 2025 a niveles similares a 2021-2022. En diciembre tendremos datos. Lo más relevante son los datos censales de 2010-2022: 550.000 hogares más con inseguridad alimentaria severa a nivel nacional.”
