El próximo 11 de septiembre, la Cámara de Casación se reunirá para tratar el planteo de Cristina Kirchner a través del que cuestionó el método utilizado para actualizar el monto del decomiso de sus bienes en el marco de la causa Vialidad.
Los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña deberán decidir si dejan firme el monto calculado por los peritos de la Corte, que asciende a los $600.000 millones de pesos, o aceptan los cuestionamientos de la defensa de la expresidenta que asegura que la cifra es menor a ese total.
En su presentación, la expresidenta volvió a cuestionar el método utilizado por el cuerpo de peritos de la Corte Suprema para calcular el dinero a devolver.
Al respecto, Cristina Kirchner sostuvo que dicha cifra “se tomó como definitiva sin debate previo, afectando el derecho de defensa y el principio de juez natural”. Y amplió: “No tengo bienes que sirvan a esos fines y que, consecuentemente, puedan ser ejecutados, tal como se desprende de la intimación que aquí respondo”.
En ese marco, reiteró: “No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende, sean decomisables”.
La titular del PJ, que cumple su condena en prisión domiciliaria, dijo que su evolución patrimonial “resulta absolutamente legítima”, del mismo modo que “la del resto de la familia Kirchner”. “Esta afirmación no es una elucubración defensista -aclaró-, sino se sustenta en pronunciamientos judiciales pasados en autoridad de cosa juzgada”.
En el escrito presentado ante Casación, la defensa centró su argumento en que los peritos utilizaron el método sin justificar por qué eligieron calcular con el índice de precios al consumidor del INDEC y no, por caso, con tasas bancarias. La suma se torna “técnicamente inadecuada, genera valores artificialmente altos y es contraria a precedentes”, aseveró Beraldi en su escrito.
