El acuerdo firmado por la cartera de Capital Humano, bajo la dirección de Sandra Pettovello, con los rectores y representantes gremiales de las instituciones académicas ha traído cierto alivio a la Casa Rosada. En este contexto, Milei adoptó un enfoque pragmático, dejando atrás su discurso radical en asuntos fiscales y destinando recursos para reducir la presión social en un momento crítico de su gestión.
Las protestas se habían intensificado en las semanas previas, con movilizaciones de docentes y ocupaciones de colegios en demanda de mejoras salariales y en contra del ajuste. En el Gabinete había temor por una escalada de los conflictos sociales, especialmente con los sindicatos más activistas del sector. Según arrojan diversas encuestas, Milei enfrenta un creciente descontento social debido a la disminución del poder adquisitivo y la lenta recuperación de la economía. En este marco, alcanzar un acuerdo con las universidades era una necesidad urgente.
Los colaboradores del Presidente esperan que el convenio con los rectores y sindicatos les brinde un respiro y les ayude a evitar un posible revés judicial en la Corte Suprema de Justicia, que deberá decidir si mantiene o no la medida cautelar que obliga al Gobierno a cumplir con la actualización de salarios y becas estipulada en la ley de financiamiento universitario.
Desde el ámbito judicial se había indicado al Gobierno que los jueces esperaban una solución política al conflicto universitario. Por ello, los funcionarios percibían que la Corte no estaba dispuesta a resolver el asunto y, de no alcanzarse un acuerdo, podría fallar en contra de los intereses del Ejecutivo.
“Lo de la Corte puede ser eterno, pero necesitábamos cerrar la etapa del conflicto en las calles y garantizar que haya clases”, expresaron fuentes cercanas a las negociaciones, lideradas por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien actuó como enlace entre Milei y Pettovello en las conversaciones con Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario.
En un comunicado, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) destacó que la “actualización salarial y presupuestaria” acordada con el Gobierno representa “un paso importante, pero de ninguna manera definitorio ni suficiente”. Se dejó en claro que, a pesar del acuerdo con Milei, seguirán exigiendo la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y reafirmaron su decisión de mantener la demanda judicial contra el Gobierno.
Al inicio de la negociación, trascendió que los funcionarios nacionales solicitaban la retirada de la denuncia para otorgar el aumento. No obstante, finalmente esa cláusula fue eliminada del acta del acuerdo, quedando como condición que las universidades nacionales deberán rendir cuentas sobre los “fondos asignados”. “Vamos a reforzar el área de fiscalización”, manifestaron desde el Gobierno. Hasta la noche anterior, el Presidente solo había compartido un mensaje en redes sociales que destacaba el trabajo de Caputo y Álvarez en este acuerdo.
El clima en el Gabinete de Milei es de satisfacción, aunque sin euforia. Son conscientes de que se logró solo una mini-tregua. “Esperemos que ahora permitan las auditorías”, comentaron en tono irónico. Se acordó un aumento salarial del 24,33% —21,33% para junio y un 3% adicional en octubre— y un incremento en los fondos para becas, hospitales y gastos operativos. Sin embargo, la discusión paritaria se reabrirá en septiembre, considerando la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, rectores y gremios seguirán presionando por una recomposición salarial ante el desfasaje del 2024.
Álvarez consiguió una asignación de alrededor de 800.000 millones de pesos del Ministerio de Economía, liderado por Luis “Toto” Caputo, para concretar el acuerdo con los rectores. El costo fiscal de aplicar la ley de financiamiento universitario se estima considerablemente más alto. Según proyecciones, la normativa aprobada en el Congreso implicaría un desembolso de entre $2,5 billones y $3,6 billones, equivalente al 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI).
En resumen, la administración actual necesitaba poner fin a un conflicto que comenzó el 23 de abril de 2024 con una masiva marcha en rechazo al recorte presupuestario destinado a las universidades y en defensa de la educación pública. Esta fue la primera gran movilización que enfrentó Milei. El conflicto se intensificó y la oposición llevó los reclamos al Congreso, donde logró aprobar leyes para exigir el aumento de los fondos destinados al sector universitario.
El año anterior, el Presidente afrontó un alto costo político al vetar por segundo año consecutivo una norma orientada a aumentar el presupuesto universitario. Ambas cámaras del Congreso rechazaron su decisión, ratificando la ley y dejando al oficialismo en una situación difícil. Milei reaccionó con enojo ante los embates opositores que buscaban incrementar los fondos destinados a la educación o mejorar los salarios del personal médico y de los empleados del Hospital Garrahan, interpretándolo como un ataque a su programa económico basado en el equilibrio fiscal.
