Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, demandó que dicho acuerdo se extienda a su jurisdicción, solicitando el traspaso de la Autopista Presidente Perón, una obra que, según su declaración, ha quedado paralizada debido a decisiones del gobierno nacional.
Las críticas de Katopodis se produjeron pocas horas después de que la Casa Rosada formalizara un acuerdo con Santa Fe, el primero de su tipo, para transferir responsabilidades de mantenimiento sobre un corredor nacional. Este acuerdo, que involucra la Ruta Nacional A012, permitirá que Santa Fe se encargue de su reparación y conservación durante un periodo de 20 años.
En este contexto, el ministro envió un mensaje contundente a través de su cuenta de X, dirigido al presidente Javier Milei y al jefe de Gabinete, Diego Santilli. “Si sos bonaerense, Milei y Santilli no te quieren”, expresó. Además, reiteró: “Una vez más reiteramos el pedido de traspaso a la PBA de la Autopista Presidente Perón, que estaba a punto de finalizarse, y ustedes la frenaron hace casi 3 años”.
Katopodis subrayó que esta autopista beneficia a 12 millones de personas en la provincia y atraviesa 12 municipios. Se considera parte del ‘tercer anillo’ de circunvalación del AMBA, diseñado para conectar el Acceso Oeste con la autopista La Plata.
Asimismo, acusó al gobierno nacional de actuar en detrimento de la provincia: “Ahh, pero son ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires y ustedes solo buscan hacer el mayor daño posible por cuestiones políticas y electorales”. Agregó: “Raro querer gobernar una provincia a la cual se asfixia y discrimina todos los días”.
El contexto de su planteo se produce tras la formalización del convenio de transferencia por parte del gobierno nacional, que fue suscrito por Santilli, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Este convenio otorga a Santa Fe la responsabilidad de reparar y mantener la Ruta Nacional A012, un corredor clave para los accesos a los puertos del Gran Rosario, aunque la titularidad de la ruta seguirá siendo del Estado nacional.
El decreto 253, que habilitó esta posibilidad, autoriza a varias provincias, incluida Buenos Aires, a celebrar convenios con la Dirección Nacional de Vialidad para gestionar, reparar, ampliar, conservar y mantener tramos de rutas nacionales en sus jurisdicciones. Para ello, cada provincia necesita presentar un plan de obras, un esquema de financiamiento y contar con la aprobación de la Secretaría de Transporte.
La firma con Santa Fe se enmarca en otros avances del plan oficial para la infraestructura vial, incluyendo la apertura de ofertas económicas para la etapa III de la Red Federal de Concesiones, que comprende 3900 kilómetros de rutas. Este proceso es parte de la privatización de Corredores Viales promovida por el gobierno nacional bajo la Ley Bases.
La tensión entre el gobierno nacional y el provincial no es nueva y se refleja en diversas áreas, incluidas las obras y la administración de rutas. Hace tres meses, el gobierno excluyó a Aubasa, la empresa estatal bonaerense, del proceso de licitación para tramos que operaba Corredores Viales, argumentando que no acreditaba la ejecución directa de obras viales.
Desde la administración de Kicillof se objetó esta decisión, alegando que respondía a motivos políticos y no técnicos. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, afirmó que “no quieren que la Provincia se haga cargo de las rutas”.
Katopodis también denunció supuestas irregularidades en el proceso licitatorio, sosteniendo que Aubasa cumplía con los requisitos y cuestionando su exclusión del proceso de concesión.
En paralelo a este conflicto, el gobierno bonaerense ha incrementado los recursos destinados a su infraestructura vial, aumentando en casi $48.752 millones el presupuesto de la Dirección de Vialidad bonaerense, financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo. Estos fondos se destinarán al Programa de Conectividad y Seguridad en Corredores Viales, que incluye intervenciones en rutas provinciales. Sin embargo, la utilización de estos recursos dependerá del efectivo desembolso del préstamo internacional.
