De acuerdo con lo establecido en su redacción, el régimen no se aplica a infraestructura ni a recursos naturales, sino que está dirigido a “nuevas actividades económicas”: “Todo proyecto industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica”, con sujeción a “los términos que establezca la reglamentación”. Daniel González, secretario coordinador de Energía y Minería, señaló que el “Súper RIGI va a proyectos que no existen, la mayoría de los cuales no los conocemos así que no queremos dar una lista exhaustiva de esos proyectos”. “No queremos limitarlo”, añadió posteriormente.
En el debate que se llevó a cabo en el plenario de las comisiones de Presupuesto, Tecnología e Industria, González explicó que esta propuesta representa una “evolución del RIGI”, que tiene un vencimiento programado para julio de 2027. “Sería un error intentar extender ese régimen, porque fue posicionado como un régimen excepcional que tenía vencimientos y una cantidad de proyectos apuraron su presentación para llegar”. Además, aclaró que “si un proyecto vuela con el RIGI, no tiene posibilidad del Súper RIGI”, de acuerdo con una normativa que también impide la entrada de iniciativas centradas en “instalaciones preexistentes”.
A pesar de que la reunión fue de carácter informativo, algunos aliados provinciales del oficialismo en el Congreso expresaron su apoyo al régimen, destacando las adhesiones de las legislaturas locales al RIGI, como es el caso de Misiones, Salta, Catamarca y Tucumán.
El plenario se centró en la discusión del Súper RIGI. “Estamos compitiendo por la ubicación de proyectos, entonces tenemos que generar condiciones para que la Argentina esté al tope de la lista del mundo”, subrayó Daniel González en relación con las concesiones impositivas, que incluyen un 15% del Impuesto a las Ganancias para los proyectos que se adhieran, en comparación con el 20% del RIGI. Otros beneficios de adherirse al programa incluyen quebrantos impositivos sin límite temporal, exención de derechos de importación y exportación, libre disponibilidad progresiva de divisas generadas por exportaciones, así como estabilidad tributaria por un periodo de 30 años.
No obstante, remarcó que “el objetivo es distinto al RIGI porque necesitábamos mover inversiones en el cortísimo plazo y que la economía se volviera a mover”. En este contexto, precisó que no hay detalles sobre la contratación de personal nacional (“creemos que las exigencias de empleo local son mala idea”), aunque advirtió, ante una sugerencia de un diputado aliado en el plenario, que se podría considerar la inclusión de un programa de “Compre Local”.
El principal bloque opositor, Unión por la Patria, acordó un régimen de inversiones, pero no bajo las condiciones que establece la ley. “Porque miramos lo que va a quedar, sin encadenamientos productivos pensados ni direccionados por el articulado de esta ley o sin la exigencia de generar una cadena de proveedores que permitan crear condiciones para generar trabajo”, expresó la bonaerense Victoria Tolosa Paz. “Seguimos cediendo impuestos y dando privilegios para algunos sectores con un régimen equivocado. No sé cuánta comparación han hecho con el resto de los regímenes que existen en el mundo para atraer este tipo de inversiones, porque el RIGI es muy único en su clase”, argumentó el radical Martín Lousteau.
