En concreto, el Ejecutivo aprobó la firma de una contragarantía con el BID por US$550 millones y un “acuerdo de indemnidad” con BIRF, del Grupo Banco Mundial, para un respaldo de US$1200 millones.
Las operaciones habían sido aprobadas por los directorios de ambos organismos a mediados de junio y forman parte de la estrategia del Gobierno para cubrir vencimientos de deuda mediante préstamos comerciales a tasas más bajas que las que ofrece el mercado en la actualidad. En ese marco, Javier Milei autorizó la toma de créditos por hasta US$5000 millones con bancos internacionales.
En ambos contratos con los organismos internacionales, el Banco Central (BCRA) evaluó las operaciones y concluyó que “no se proyectan impactos sobre las diferentes subcuentas de la cuenta corriente ni sobre la cuenta financiera de la balanza de pagos”.
El aval por US$550 millones del Grupo BID respaldará el programa de Políticas Proactivas de Seguridad y Justicia (PROSEJUS), un conjunto de reformas que impulsa la gestión de Javier Milei que contribuirán a reducir la impunidad de los delitos asociados a organizaciones criminales.
El programa busca fortalecer la capacidad del sistema de seguridad y justicia del país para aumentar la efectividad de la persecución penal, la investigación criminal, y la recuperación de activos de origen ilícito.
La medida consiste en una garantía parcial de crédito. La Secretaría de Finanzas será la autoridad de aplicación y ejecución de este programa, según indicó el decreto 549.
Mientras que el BIRF, organismo que pertenece al Grupo del Banco Mundial, otorgará una garantía basada en políticas (Policy-Based Guarantee, PBG) por hasta US$1200 millones en el marco del programa “Impulso a la inversión y el crecimiento del sector privado para la creación de empleo en Argentina”.
El objetivo de la iniciativa es mejorar el clima de negocios, incentivar la inversión privada, promover el comercio y favorecer la generación de empleo.
Según indicó el Banco Mundial, “la operación reducirá los costos de financiamiento del país, al tiempo que respalda una agenda más amplia de reformas orientadas a crear empleo, atraer inversiones en infraestructura y mejorar la inclusión financiera de las pequeñas empresas, entre otras medidas”.
El decreto autorizó al Ministerio de Economía y a la Secretaría de Finanzas a suscribir el acuerdo con el BIRF y la documentación complementaria para su implementación. También habilita a introducir cambios que no modifiquen el objeto del convenio ni incrementen el monto de la garantía.
