El pasado viernes 22 de mayo se llevó a cabo una asamblea general ordinaria de accionistas con un par de temas en agenda vitales: la aprobación del balance y la continuidad o eventual nombramiento de nuevas autoridades en la dirección de la empresa.
El primer punto fue aprobado sin objeciones. Sin embargo, el segundo, de mayor relevancia desde el ángulo político y de gestión, fue evadido, ya que la reunión determinó pasar a cuarto intermedio y posponer cualquier decisión al respecto.
La abogada Carolina Coler, representante del Ministerio de Defensa en la asamblea, lideró la posición del principal accionista —el Estado nacional, a través del Ministerio de Defensa, posee el 99 por ciento del capital accionario— y sugirió diferir la discusión sobre el futuro del management. Esta decisión fue interpretada dentro de la empresa como una señal de que aún no se cuenta con una resolución definitiva sobre la dirección.
A esa misma hora, circulaba en despachos oficiales información sobre la “actitud renunciante” que Manco había adoptado. Esta información comenzó a ser conocida tras la circulación en círculos restringidos de una carta fechada el 21 de mayo, en la que el presidente del directorio mencionaba “razones personales” para considerar su renuncia.
No obstante, esta decisión no solo obedece al contenido de esa misiva. Fuentes cercanas han revelado que, en los días previos, hubo un fuerte enfrentamiento entre Mario Katzenell, secretario de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, y el propio Manco. Este intercambio fue descrito como particularmente intenso, lo que afectó negativamente la relación y consolidó la postura de Manco respecto a su alejamiento.
Además de la tensión política, surgieron presiones adicionales dentro de la fábrica. En las últimas semanas, Manco se vio involucrado en una serie de denuncias formuladas por personal técnico y jerárquico de la planta, cuestionando varias decisiones de gestión y procedimientos internos, una de las cuales se encuentra en el juzgado federal N°3 de Córdoba.
Diversos escritos fueron enviados a la Oficina Anticorrupción (OA) para su evaluación, y se supo que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) también intervendría en el asunto. Esto elevó la sensibilidad política del conflicto, añadiendo un elemento de presión institucional a la dirección de la empresa.
Sin embargo, trabajadores y miembros jerárquicos que impulsaron estas denuncias aseguran que el procedimiento interno ha perdido impulso con el tiempo y que muchas actuaciones han quedado estancadas. Dentro de este grupo, se atribuye esta desaceleración a la falta de interés por parte de Julia Enríquez, responsable de Asuntos Legales, Ética y Compliance de FAdeA, cuyo rol ha generado descontento entre quienes esperaban un avance más expedito de los casos en cuestión.
En consecuencia, fuentes cercanas indican que la situación general ha debilitado aún más la posición de Manco, tanto interna como externamente en FAdeA.
Se ha informado que la carta de renuncia de Manco incluía una evaluación detallada de su gestión, destacando acuerdos y convenios que consideraba como sus principales logros. Sin embargo, dentro de la empresa y entre analistas del sector aeronáutico, algunos de estos anuncios han sido relativizados al no haber producido hasta ahora ingresos concretos ni un impacto económico verificable en las cuentas de FAdeA. “No entró un solo dólar”, afirmaron proveedores de la fábrica.
La posible salida de Manco también plantea un delicado dilema político para el Gobierno. Su llegada a FAdeA fue impulsada como una decisión personal de Diego Chaher, director de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas del Ministerio de Economía, quien promovió su nombramiento como parte de la reestructuración de empresas públicas en marcha.
Ahora, la crisis de gestión en la fábrica cordobesa ha dejado a Chaher en una posición comprometida: respaldar a Manco implica enfrentar el desgaste de una administración criticada, mientras que su remoción generaría costes políticos al cuestionar su propia designación, presentada como un modelo de la nueva gestión propuesto por Federico Sturzenegger.
La incertidumbre en torno a la dirección ha permitido que diferentes lobbistas institucionales comiencen a posicionar sus candidatos dentro de la estructura de FAdeA. Uno de los actores más activos en este escenario es el jefe de la Fuerza Aérea Argentina (FAA), brigadier general Gustavo Valverde, quien ha estado trabajando con los ministros Carlos Presti y el general de brigada Jorge Puebla, promoviendo a figuras como el ex capitán Guillermo Ballesteros y el brigadier retirado Walter Brun como posibles reemplazos.
Se reconoce que el nombre de Ballesteros arrastra un pasado problemático en Aerolíneas Argentinas, lo que podría complicar su candidatura. La Fuerza Aérea ya tiene representación en el directorio a través del brigadier Francisco Leguiza, actual comandante de Material de la FAA. Su asociación también se ha visto envuelta en controversias, al ser mencionado en denuncias sobre irregularidades relacionadas con la adquisición del avión Embraer ERJ-140 “55 Héroes”, un suceso que atrajo la atención del Ministerio de Defensa y resultó en una denuncia penal presentada por el ex ministro Luis Petri.
La Fuerza Aérea ha decidido recientemente recurrir a SEMAN Perú —Servicio de Mantenimiento de la Fuerza Aérea del Perú— para obtener asistencia técnica en el C-130 Hércules matrícula TC-64, adelantando cerca de 700 mil dólares por este servicio. Esta decisión fue mal recibida entre los trabajadores y mandos técnicos de FAdeA, no solo por tratarse de un avión emblemático, sino porque FAdeA está habilitada por Lockheed Martin para realizar servicios de mantenimiento en la flota Hércules y cuenta con la capacidad específica para ello.
Esta contratación externa fue percibida como una señal contradictoria, ya que, mientras el Gobierno busca mejorar la sustentabilidad económica de la empresa y aumentar sus ingresos, la aviación militar nacional opta por servicios considerados estratégicos, lo que afecta la recuperación financiera de FAdeA.
Este complejo entramado de denuncias, intereses internos, luchas políticas y decisiones contradictorias explica por qué la asamblea eludió tomar una decisión.
