Aunque la norma no se refiere explícitamente a impuestos, su aplicación práctica puede habilitar a las entidades a reducir costos fiscales relacionados con Ingresos Brutos y la Tasa de Seguridad e Higiene.
César Litvin, contador y CEO de Lisicki, Litvin & Abelovich, comentó: “En los últimos años, la actividad financiera soporta una sobrecarga del impuesto sobre los Ingresos Brutos que incide, obviamente, en el precio final de la tasa de interés”.
Con esta nueva disposición, los bancos tendrán la posibilidad de asignar cuentas de ahorro, cuentas sueldo o cuentas corrientes de manera remota a sucursales ubicadas en provincias o municipios donde las alícuotas de Ingresos Brutos o las tasas de Seguridad e Higiene sean más bajas, sin que esto dependa del lugar de residencia del cliente.
El objetivo es atenuar el encarecimiento del crédito y de los servicios financieros, como consecuencia de la carga tributaria. Generalmente, la percepción es que los altos costos de los préstamos son responsabilidad de los bancos, cuando en realidad una parte importante se debe a impuestos y tasas.
El último apartado de la Comunicación “A” 8444 establece que “podrán asignar cualquier casa operativa a los fines de la radicación de las cuentas abiertas de manera no presencial, la cual deberá ser informada al cliente en el momento de la asignación”.
En respuesta, la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral (COMARB) emitió un memorándum donde se describen los riesgos asociados con el posible traslado de cuentas a jurisdicciones con menor carga impositiva. Entre sus argumentos, se menciona que esta decisión podría utilizarse “como parámetro para atribuir ingresos a una jurisdicción distinta de aquella en la que se encuentra efectivamente localizado el cliente usuario o desarrollada la operación”.
Asimismo, advierten que esto podría llevar a que ingresos vinculados a una jurisdicción sean reportados artificialmente en otra, lo cual afectaría la distribución de la base imponible de Ingresos Brutos para las entidades bancarias.
Es importante señalar que la Comunicación “A” 8444 no modifica el artículo 8° del Convenio Multilateral, que regula la distribución de la base imponible del impuesto entre las distintas jurisdicciones. Sin embargo, la COMARB —compuesta por representantes de las administraciones fiscales provinciales— insiste en que “su aplicación práctica podría generar riesgos o contingencias relevantes para las entidades financieras y los clientes o usuarios de los servicios financieros, en aquellos casos en que la radicación administrativa de cuentas abiertas en forma no presencial no guarde adecuada correspondencia con la realidad económica de las operaciones subyacentes y pueda incidir en la atribución jurisdiccional de ingresos”.
La advertencia de la COMARB no carece de fundamento. Diego Fraga, especialista en derecho tributario, señaló: “Si los bancos comenzaran a asignar artificialmente las cuentas digitales a sucursales de otras provincias con el propósito de modificar la atribución de operaciones o ingresos, podrían generarse controversias sobre la aplicación del Convenio Multilateral, ajustes por parte de los fiscos y superposición de pretensiones tributarias”.
En la misma línea, Litvin subrayó que la COMARB advierte que las entidades financieras “no deberían cambiar su criterio de atribución de ingresos ni de bases imponibles por esta resolución del Banco Central”, destacando también el riesgo de que un contribuyente, que ya tiene una cuenta radicada, elija hacerlo en otra jurisdicción, lo que generaría una “contingencia fiscal”.
Cabe mencionar que, aunque la regulación del BCRA se centra en la apertura y radicación de cuentas, la competencia tributaria es un aspecto distinto. Fraga remarcó que “la COMARB puede interpretar cómo se aplica el Convenio Multilateral ante esta nueva realidad, pero no puede impedir la regulación del Central ni hacer que su interpretación tributaria se convierta en una restricción a una potestad regulatoria que no le corresponde”.
Si bien la COMARB no determina las alícuotas provinciales o municipales, hizo hincapié en el potencial desplazamiento de la recaudación. No obstante, omitió abordar la raíz del problema: las desproporcionadas diferencias de alícuotas que muchas provincias y municipios imponen sobre los servicios financieros, como en el caso de los créditos.
“De esa normativa surge la problemática de la carga tributaria en las entidades financieras y la competencia tributaria existente entre jurisdicciones, no solo provinciales, sino también municipales”, agregó Litvin.
En definitiva, la carga impositiva y las tasas imponen un obstáculo al acceso a servicios financieros, lo que lleva a los contribuyentes a considerar otras alternativas o, incluso, a renunciar al financiamiento, generando distorsiones en la actividad económica.
En julio de 2025, la Asociación de Bancos Argentinos presentó un informe ante el BCRA sobre la incidencia del impuesto a los Ingresos Brutos en las entidades financieras de las diversas provincias del país.
Este relevamiento, que abarcó las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyó un cuadro comparativo con las alícuotas aplicadas, así como el tratamiento de los títulos públicos y los créditos hipotecarios.
El análisis reveló que La Pampa ostenta la alícuota más elevada, del 9,1%, seguida por Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán, todas con una alícuota del 9%.
En otro orden, San Juan aplica una alícuota de Ingresos Brutos del 8,5%, mientras que la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Jujuy y Salta han fijado la tasa en un 8%.
Cabe destacar que la normativa del BCRA podría tener también un impacto en la esfera de las tasas municipales. “Un banco podría asignar sus cuentas digitales a una sucursal ubicada en un municipio con una Tasa de Seguridad e Higiene más baja, incluso dentro de la misma provincia. En tal caso, no alteraría la distribución interprovincial de Ingresos Brutos, pero reduciría significativamente su carga municipal”, enfatizó Fraga, quien también mencionó al municipio de Tres de Febrero, que, según datos disponibles, presenta una presión fiscal municipal bastante inferior a otros distritos del área metropolitana, con una alícuota para la actividad bancaria cercana al 0,5%, frente a municipios vecinos que aplican cargas mucho más elevadas.
