Dirigida por Claudio Giusti, la cooperativa se enfrenta actualmente a reclamaciones por un monto cercano a $875 millones y ha sido clasificada en situación 3 por el Banco Central, lo que ha limitado su acceso a financiamiento vital para continuar con sus actividades y apoyar a sus productores afiliados. Ante este contexto, organizaciones como la Sociedad Rural del Valle de Uco, la Confederación de Asociaciones Rurales de Mendoza y Confederaciones Rurales Argentinas han expresado su preocupación.
La problemática se originó en 2024, cuando la cooperativa vendió alrededor de 412,500 litros de vino a Norton, una de las bodegas más prominentes del país. Esta transacción se llevó a cabo bajo un esquema llamado “cadena de valor”, que implicó a Acindar Pymes, una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) que actuó como garante financiero de la operación.
Giusti explicó que, en este esquema, la cooperativa no recibía el pago directamente por la venta del vino, sino que debía gestionar un crédito bancario respaldado por Acindar Pymes. Posteriormente, la cooperativa transfería la factura de venta a la SGR, que se encargaba de reclamar el cobro a Norton. “La forma que tenías de cobrar el vino era sacar un crédito para vender. Ahí es donde nosotros decimos que se desvirtúa el espíritu de las SGR”, manifestó Giusti.
Las SGR fueron creadas con el propósito de facilitar el acceso al crédito para pequeñas y medianas empresas mediante garantías financieras. No obstante, desde la cooperativa argumentaron que este mecanismo terminó favoreciendo financieramente a una gran empresa compradora. “Las SGR están para proteger a las pymes o avalar su crecimiento. En este caso, la operación estaba armada para financiar a Norton”, declaró.
El vicepresidente de la cooperativa reveló que anteriormente habían requerido un aval a Acindar Pymes para un crédito destinado a cosecha y acarreo que ascendía a unos $26 millones, pero que su solicitud fue denegada por no cumplir con la calificación requerida. Sin embargo, un año después, la misma entidad aprobó una operación cercana a los $500 millones relacionada con Norton. “Ahí entendimos que el crédito no se avalaba por la cooperativa, sino porque estaba Norton detrás”, enfatizó.
El conflicto escaló cuando Norton se declaró en convocatoria de acreedores el año pasado. Según la cooperativa, a pesar de que el contrato estipulaba que el crédito debía ser descontado de la cuenta de la bodega compradora y que la cesión de factura liberaba a San Carlos Sud de responsabilidades, Acindar Pymes comenzó a exigir el pago a la cooperativa, lo que ha llevado a acumulación de intereses.
