Esta orden permite a la Justicia solicitar formalmente documentación y elementos relevantes para la investigación, y en caso de que se nieguen a presentar lo requerido, habilita la posibilidad de llevar a cabo medidas coercitivas.
La resolución del juzgado incluye la búsqueda de documentación bancaria, financiera y comercial con el fin de reconstruir el flujo de dinero que ha circulado a través de una serie de empresas y entidades que están bajo investigación.
Concretamente, las órdenes afectan a los clubes liderados por Diego Milito, Marcelo Culotta y Cristian Malaspina, siendo este último también secretario ejecutivo de la AFA. Antes del escándalo, Vallejo mantenía estrechos vínculos con Claudio Chiqui Tapía.
En el caso de San Lorenzo, se ha contabilizado, según un informe del propio club, un total de $1.640 millones en préstamos de Sur Finanzas, distribuidos en ocho transferencias distintas. Además, se reportaron $300 millones ligados a un adelanto de derechos de televisión gestionado por la AFA, los cuales el club ha tratado de diferenciar de los préstamos. En lo que respecta a Argentinos Juniors, la defensa de Ariel Vallejo asegura que el club recibió un total de $600 millones, destinados a salarios y obras en la tribuna. Cabe destacar que Vallejo había prometido un acuerdo de patrocinio a Racing por un millón de dólares anuales.
Vallejo y sus asociados se encuentran bajo investigación por diferentes delitos, que incluyen lavado de activos, asociación ilícita y defraudación por administración fraudulenta, estimándose por parte de fuentes judiciales que podrían haber violado la ley cambiaria en un monto cercano a los 100 millones de dólares. En su indagatoria, Vallejo ha negado las acusaciones que se le imputan.
Además de los tres clubes mencionados, Rodríguez Ponte también ha ordenado medidas relacionadas con Godel Quilmes SA, Pagos y Transferencias SA, Cobro Express Buenos Aires SA, Pagos Dica SA, Núcleo Transportadora SA, Fundraiser SAS, Cobranza Integral SA y AGA Group SRL.
La decisión del juez representa un avance significativo en la investigación que se tramita ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, bajo el número 50.354/2025. El principal objetivo de estas medidas es reconstruir el recorrido del dinero desde el momento en que la Justicia autorizó a las diferentes entidades deportivas investigadas a reanudar sus operaciones con cuentas bancarias, y en ciertos casos, también con cuentas comitentes.
Rodríguez Ponte ha señalado en su resolución que, dada la “situación y evolución” de la investigación, es imprescindible conocer la trazabilidad del dinero, activos, acciones y títulos de las personas jurídicas que están bajo el alcance de las medidas judiciales. Por ello, ha ordenado que los responsables de estas instituciones entreguen a los investigadores estados de cuenta, transferencias, contratos, soportes de pago y cualquier otro elemento que esté relacionado con los movimientos financieros que son objeto de análisis.
La documentación requerida abarca el período que comienza con la autorización judicial a cada una de las empresas o entidades para operar sus cuentas y se extiende durante los treinta días posteriores a esa decisión.
Esta medida cobra especial relevancia dado que, entre las entidades involucradas, se encuentran tres destacados clubes del fútbol argentino: Racing Club, San Lorenzo de Almagro y Argentinos Juniors. Los investigadores buscan, así, reconstruir los circuitos financieros que están bajo análisis en la causa y determinar el origen, destino y posibles beneficiarios de los fondos que han circulado por las cuentas en cuestión.
La causa había llevado anteriormente a severas restricciones financieras. En diciembre de 2025, se había dispuesto una serie de medidas cautelares, incluida la inhibición general de bienes de diversas personas físicas y jurídicas. Entre las entidades afectadas por estas restricciones se encontraban Godel Quilmes, Argentinos Juniors, Racing, San Lorenzo, Pagos y Transferencias, Cobro Express Buenos Aires, Pagos Dica, Núcleo Transportadora, Fundraiser, Cobranza Integral y AGA Group.
Sin embargo, a medida que avanzaba el expediente, el magistrado que intervenía en ese entonces fue otorgando permisos para que estas entidades pudieran reanudar sus operaciones con las cuentas bancarias donde figuraban como titulares, cotitulares o autorizadas.
Así, el 9 de diciembre de 2025 se autorizó a operar a Godel Quilmes, Argentinos Juniors y Racing. Seis días después, se dio luz verde también a Pagos y Transferencias, y el 16 de diciembre ocurrió lo mismo con Cobro Express Buenos Aires. El 17 de diciembre fue el turno de Pagos Dica; al día siguiente, se habilitó a Cobranza Integral; y el 22 de diciembre, Fundraiser y Núcleo Transportadora. Por último, el 30 de diciembre, se permitió a San Lorenzo reanudar sus operaciones.
En el caso específico de Argentinos Juniors, se le habilitó el 15 de diciembre de 2025 para operar en la Caja de Valores y ante la Comisión Nacional de Valores. Racing recibió una autorización similar el 30 de diciembre. Godel Quilmes también obtuvo permiso para operar con una cuenta comitente en la Caja de Valores, mientras que en agosto de este año se levantó la inmovilización de fondos de una cuenta comitente perteneciente a AGA Group SRL.
Ahora, Rodríguez Ponte ha solicitado detalles sobre qué sucedió de inmediato tras esas autorizaciones. Es decir, busca seguir la pista de los fondos en el período que se expande tras la flexibilización de las medidas cautelares y determinar a dónde se destinaron.
Para llevar a cabo este proceso, el magistrado ha recurrido a las órdenes de presentación previstas en el artículo 232 del Código Procesal Penal de la Nación y ha establecido que las diligencias se realicen con habilitación de hora inhábil si es necesario.
El juez justificó la metodología escogida debido a la complejidad de la investigación, el volumen de documentación que se podría obtener y la necesidad de evitar retrasos que pudieran poner en riesgo la eficacia de las medidas. En su resolución, mencionó expresamente “la gravedad de los hechos objeto de pesquisa”, al igual que su “complejidad”, como fundamentos para adoptar precauciones especiales durante la ejecución de las órdenes.
Las diligencias han sido delegadas a la División Unidad Operativa Federal Ezeiza de la Policía Federal Argentina. El juez ha facultado al titular de esa dependencia, o al personal designado, para llevar a cabo las medidas necesarias.
Los efectivos deberán obtener documentación bancaria, financiera y comercial, incluyendo estados de cuenta, transferencias, contratos, soportes de pago y registros que permitan reconstruir la trazabilidad de operaciones con dinero, activos, acciones o títulos.
La decisión revela que una de las prioridades en esta fase de la investigación será seguir el rastro del dinero y reconstruir los movimientos realizados por las entidades alcanzadas por las medidas cautelares dispuestas en diciembre pasado.
En lo que respecta a los clubes involucrados, dicha reconstrucción será fundamental para determinar con exactitud qué operaciones llevaron a cabo durante el período en cuestión y contrastarlas con los préstamos, acuerdos comerciales y patrocinios que la Justicia investiga en el marco del caso de Sur Finanzas.
La resolución, que cuenta con siete páginas, no realiza en esta etapa conclusiones sobre la responsabilidad de los clubes ni afirma que las operaciones investigadas sean ilícitas. Su finalidad es recolectar documentación para reconstruir los movimientos financieros y profundizar una investigación que continúa en curso.
Los resultados de las órdenes de presentación serán cruciales para la siguiente fase: cruzar los movimientos bancarios, contratos y transferencias obtenidos con la información ya presente en el expediente para identificar quiénes enviaron y recibieron los fondos en cuestión.
De este modo, el juez Rodríguez Ponte busca avanzar en uno de los aspectos centrales del caso: reconstruir documentalmente el circuito del dinero y determinar si detrás de las operaciones comerciales y financieras investigadas existen movimientos que puedan tener relevancia penal.
