Este movimiento, que se había anticipado en las semanas previas, se oficializó al concluir la transición de la nueva funcionaria. Para evidenciar el respaldo y la continuidad en la gestión, Pérez fue presentada junto a Santiago Caputo ante los equipos de diversas áreas del organismo.
El asesor presidencial tiene influencia en PAMI a través del Ministerio de Salud, liderado por Mario Lugones, padre del socio de Caputo en la consultora MOVE, Rodrigo Lugones.
Fuentes oficiales indicaron que la renuncia de Montero es una decisión personal, ya que se dedicará de lleno a su candidatura para las elecciones del Club Atlético Vélez Sarsfield. El exfuncionario integra la lista opositora ADN Azul y Blanco, que competirá en los comicios programados para el 7 de noviembre.
A su vez, también renunció Florencia Zicavo, síndica General del PAMI, quien había llegado junto a Montero tras ocupar cargos en la Secretaría de Justicia durante la gestión de Sebastián Amerio. Aún no se ha confirmado quién será su sustituto.
Desde el organismo aclararon que su salida obedece a causas completamente personales y desestimaron rumores sobre un presunto conflicto con los directivos Esteban Leguizamo y Carlos Zamparolo.
“Cualquier roce interno o comando difuso dificulta un trabajo ordenado. En esta institución, el flujo diario de afiliados demanda respuestas inmediatas”, comentó un funcionario insertado en el día a día de la gestión.
En este marco, el Gobierno aseguró que tanto Montero como Zicavo “agradecieron la oportunidad y están dispuestos a colaborar con las nuevas autoridades para asegurar la continuidad de las políticas públicas que se impulsan en el organismo”.
Pérez, abogada y escribana, asume un rol clave en el PAMI tras haber dirigido la Unidad de Gestión Local VIII de San Martín. “Es un excelente cuadro de gestión. De las 38 UGL que tenemos, es el mejor posible”, afirmaron desde el organismo.
En medio de esta transición, PAMI descartó que la llegada de Pérez implique mayores cambios en la estructura interna, reforzando así la imagen de continuidad comunicada por el Ejecutivo.
“Es propio de la vieja política llegar y barrer con el equipo existente. Hay gran cantidad de personal técnico capacitado en los equipos de gestión. Seguimos operando así”, enfatizó un funcionario del área, añadiendo: “La línea de gobierno se mantiene”.
Los cambios en PAMI ocurrieron en un contexto de protesta por parte de un sector de prestadores privados. A fines de agosto, estos realizaron una medida de fuerza que impactó en la atención de más de 100 clínicas, sanatorios y hospitales en Buenos Aires, Córdoba, San Juan y Mendoza durante 48 horas, garantizando solo la atención de emergencias críticas.
Desde ese sector, reclamaron una revisión de los aranceles que reciben y denunciaron demoras en los pagos por parte de la obra social, en una situación que describieron como de “extrema fragilidad” financiera. La protesta se produjo poco después de una situación similar vivida por instituciones privadas en Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa.
No obstante, PAMI rechazó rotundamente la afirmación de un conflicto por demoras en los pagos. Fuentes del organismo señalaron que la relación con las clínicas “está al día” y que los llamados al paro eran “falsos”, afirmando que no hay cortes en las prestaciones ni deudas pendientes.
En este sentido, enfatizaron que solo un 2% de los prestadores del país adhirió a la medida de fuerza y prefirieron referirse a un “incumplimiento de contrato” en lugar de un paro, dado que las clínicas están obligadas a proporcionar atención.
El organismo continuó dialogando con las cámaras de clínicas de todo el país, asegurando un “diálogo permanente” con el sector. Si bien afirmaron que están trabajando en una actualización del nomenclador para atender las demandas, dejaron claro que cualquier ajuste debe ser “sostenible en el tiempo” para no poner en riesgo la viabilidad financiera de la obra social.
En cuanto a los pagos, las autoridades de PAMI insistieron en que no existen atrasos con respecto a gestiones anteriores, aclarando que una transferencia de letras del Tesoro había saldado la deuda acumulada en el primer semestre y reafirmaron que se cumple con la programación de pagos a 60 días, un esquema heredado de la gestión anterior.
