La preocupación no solo está centrada en un debate jurídico; según los líderes rurales, implica la posibilidad de un negocio con gran potencial de crecimiento, que podría representar una nueva fuente de ingresos para el agro argentino.
La problemática fue expuesta el pasado domingo durante la inauguración de la 138a. Exposición Rural de Palermo, donde el presidente de la SRA, Nicolás Pino, destacó la importancia de la propiedad de los servicios ecosistémicos y exigió que cualquier futura legislación sobre carbono proteja ese derecho. “Los servicios ecosistémicos son de propiedad privada y pertenecen al dueño de la tierra”, afirmó. Además, destacó que “en la Argentina no existen lo que se ha dado en llamar bienes comunes; existen bienes públicos o bienes privados”, una declaración que considera clave para entender el fondo del debate.
Detrás de estas declaraciones, se desarrolla un debate que, según Andrés Costamagna, director de la SRA y coordinador del área de sustentabilidad, ya se está trasladando a diversas provincias. “Actualmente, en la Argentina se están discutiendo dos cuestiones: la propiedad del carbono y la necesidad de normas claras para que inversores y todos los actores del sistema cuenten con seguridad jurídica”, explicó.
El país no cuenta aún con un marco legal que regule el mercado de carbono, lo que ha llevado a que existan interpretaciones diversas sobre quién es el titular de los créditos generados a partir de la captura de carbono mediante la gestión de suelos, bosques o pastizales. “Es algo que hoy no está regulado o tiene diversas interpretaciones y necesita ajustes”, subrayó. Desde la SRA, se considera clave la interpretación del artículo 124 de la Constitución Nacional, que otorga a las provincias el dominio originario sobre los recursos naturales.
Algunas provincias piensan que esta disposición les permite acceder a los beneficios económicos de los créditos de carbono. Sin embargo, la posición de la SRA es diferente: “Los créditos de carbono pertenecen al dueño de la tierra. Así ocurre en cualquier parte del mundo, a menos que exista una regulación específica que indique lo contrario”, indicó.
Por esta razón, Pino hizo hincapié en su discurso sobre el concepto de propiedad privada y rechazó la noción de los “bienes comunes”. “Cuando Nicolás Pino dice que en la Argentina no hay bienes comunes, sino bienes públicos o bienes privados, lo que está manifestando es que los servicios ecosistémicos tienen un propietario. No es que simplemente vamos a ayudar a conservar el planeta sin compensación; debe haber una retribución para quien genera ese servicio ambiental”, aclaró.
Dicha compensación podría venir de los créditos de carbono u otros mecanismos, pero siempre debe corresponder a quien produce el activo. La SRA fundamenta su postura en experiencias que ya se están llevando a cabo en varias provincias. Un caso es Misiones, donde se ha implementado un proyecto de créditos de carbono en asociación con una empresa del sector privado.
Costamagna explicó que en ese caso, inicialmente, la mayor parte de los ingresos residía en el Estado provincial, bajo el argumento del dominio originario de los recursos naturales. “Se apropiaban de la gran mayoría de los créditos. Tras negociaciones, hubo ajustes, pero para nosotros el criterio sigue siendo erróneo. La provincia puede cobrar impuestos, pero no debe quedarse con el activo”, enfatizó.
El directivo añadió que situaciones análogas han comenzado a surgir también en Jujuy, Neuquén, Salta y Chubut, aunque con diferentes grados de avance. “Cuando el gobierno nacional dejó de impulsar esta agenda, las provincias avanzaron de forma independiente”, afirmó. Paralelamente, el Congreso tiene varias iniciativas en discusión para regular el mercado de carbono. Costamagna mencionó que hay tres proyectos en la actualidad y que la SRA no prioriza uno sobre otro, sino que espera un contenido que respete la propiedad privada de los créditos de carbono. “Mientras no se ponga en duda la propiedad del productor, estamos de acuerdo”, resumió.
La institución también impulsa, junto con la Mesa Argentina de Carbono, un proyecto del sector privado que busca establecer reglas claras para el funcionamiento del mercado, ofreciendo seguridad jurídica y evitando que cada provincia implemente un régimen distinto. La SRA sostiene que una legislación nacional podría ordenar el sistema y establecer un criterio homogéneo para todo el país.
Más allá del ámbito jurídico, Costamagna considera que Argentina tiene una oportunidad económica. “El Gobierno aún no comprende que esto es un negocio, un nuevo producto de exportación”, enfatizó. Se estima que el mercado de créditos de carbono podría generar ingresos por unos US$4000 millones en una primera etapa y alcanzar US$10.000 millones en los próximos años si el país logra consolidar un contexto regulatorio fiable. No obstante, advirtió que, sin una ley nacional, persistirá la incertidumbre respecto a la titularidad de esos activos y las normas para su comercialización.
