Este jueves, el Tribunal Oral Federal N° 2 suspendió la primera audiencia del juicio a solo cinco minutos de su comienzo, debido a la falta de presencia de dos abogados defensores de uno de los acusados.
Vialidad III es el tercer segmento de un caso que examina supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos de obras viales en la provincia de Santa Cruz durante el período mencionado. Los acusados en esta etapa oral son Sandro Férgola, Gustavo Marcelo Gentili y Fernando Abrate, todos ellos señalados como coautores del delito de defraudación por administración fraudulenta agravada.
La audiencia se desarrollaba en la Sala SUM de los tribunales de Comodoro Py cuando los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Néstor Costabel decidieron suspenderla al comprobar que no se brindaban las garantías necesarias para la defensa. Los abogados ausentes son Agustín Gabriel Labombarda y Enrique Alberto Arce, representantes de Sandro Férgola, quien se desempeñó como exgerente de Obras y Servicios Viales de la Dirección Nacional de Vialidad.
Uno de ellos comunicó su imposibilidad de asistir a través de su cliente, alegando una superposición con su participación en el juicio oral de la causa Cuadernos.
Ante esta situación, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto y ordenó que la defensa designe un abogado sustituto para que se reanude el proceso.
Por otro lado, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron que se extraiga testimonio de lo sucedido para iniciar acciones penales contra los defensores por su incumplimiento, lo cual entorpeció el inicio del juicio.
La investigación se centra en el presunto direccionamiento de fondos públicos hacia el grupo Austral Construcciones, asociado a Lázaro Báez, que habría concentrado cerca del 80% de los contratos viales en la provincia durante ese período, lo que asciende a más de 46.000 millones de pesos.
En el marco de la causa Vialidad, el primer tramo resultó en la condena de la ex presidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión con arresto domiciliario, junto a otros involucrados como José López, Nelson Periotti y Lázaro Báez. En el segundo tramo, algunos acusados accedieron a la suspensión del juicio a prueba mediante acuerdos homologados por el Ministerio Público Fiscal o la Cámara de Casación.
