El anuncio formal de Caputo especificó que los documentos de licitación serán publicados en el Boletín Oficial este viernes. Este proceso tiene como objetivo transferir la mayoría de las acciones de la empresa a manos privadas, mientras que el Estado retendrá un 10% de participación. Esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia del gobierno que busca disminuir la intervención estatal en empresas públicas, las cuales, según el Ejecutivo, servían como herramientas de financiamiento político.
AySA proporciona servicios de agua potable y alcantarillado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 26 municipios del conurbano bonaerense. Según datos de la empresa, para mediados de 2025, la cobertura alcanzaría más del 85% en agua potable y más del 70% en servicios de cloacas.
Una fuente familiarizada con el proceso aclaró que “lo que sí en la licitación se va a fijar es que tiene que ser una empresa que tenga experiencia en operación de servicios públicos, no necesariamente agua y saneamientos, pero sí de servicios”. Este criterio delimitará quiénes podrán presentar ofertas para la concesión de AySA.
Desde el Ministerio de Economía, se espera que la transferencia de AySA a un operador privado genere ingresos por USD 500 millones, los cuales serán destinados al pago de compromisos en moneda extranjera previstos para los próximos meses. No obstante, las mismas fuentes señalaron que no se cumplirían los plazos necesarios para el pago de julio, que asciende a USD 4.200 millones.
“En estos días debería salir la licitación y unos tres meses llevaría el proceso porque la empresa que se presente tiene que demostrar la solvencia económica, las capacidades técnicas y después se hace la oferta. Para mitad de año, segundo semestre, podría estar el nombre de quien se quedaría con la concesión de AySA”, detalló otra fuente. El cronograma sugiere que la adjudicación podría conocerse en el segundo semestre, dado que no se formalizarán ofertas hasta que no se publique el contrato y el pliego con las condiciones finales.
De acuerdo con el titular del Palacio de Hacienda, la incorporación de un nuevo socio privado tiene como objetivo fomentar inversiones que permitan expandir la red de agua y mejorar la calidad del servicio para millones de usuarios. El ministro enfatizó que la llegada de un operador estratégico aportará recursos y experiencia esencial para abordar proyectos de infraestructura que el Estado no había priorizado.
Al argumentar esta decisión, el ministro destacó que el Estado dejará de utilizar empresas públicas como “cajas políticas” y se enfocará en la formulación de políticas eficaces.
