La sesión estuvo marcada por una notable tensión, tanto dentro como en los alrededores del recinto. Varias organizaciones y movimientos sociales se manifestaron en contra de la iniciativa oficialista en las cercanías del Congreso de la Nación. Durante estas protestas, la policía realizó acciones para dispersar a los manifestantes, llevando a un saldo de al menos 11 personas detenidas y varios heridos.
En el arranque de la jornada, el presidente del bloque del PJ, José Mayans, propuso levantar la sesión, argumentando que el dictamen final del proyecto había llegado recién al mediodía, lo que no permitía un tiempo adecuado para su estudio. Mayans también intentó suspender la votación tras realizarse una última modificación al dictamen, pero no contó con el apoyo necesario.
Las participaciones de manera virtual de los senadores Anabel Fernández Sagasti (Justicialista – Mendoza) y Flavio Fama (UCR – Catamarca) fueron imposibilitadas, ya que el plenario no aprobó la modalidad excepcional por razones de salud. Se determinó que estos casos sean tratados en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Tras una extensa sesión, el Gobierno logró otra victoria en el Senado. Con el resultado de 37 votos a favor, el oficialismo superó la mayoría requerida. La oposición, por su parte, cosechó 33 votos negativos, mientras que no hubo abstenciones.
La viabilidad del proyecto había estado comprometida por el capítulo que planteaba cambios en la Ley Nacional de Manejo del Fuego, pero la supresión de esta sección, junto con la eliminación de modificaciones respecto a la venta de tierras a extranjeros, despejó el camino para su aprobación.
En la votación en particular, los tres capítulos que restaban, que regulan los regímenes de desalojos exprés y expropiaciones, también recibieron la aprobación mayoritaria.
Después de que Patricia Bullrich cerrara el debate, el senador libertario Agustín Coto comunicó que el oficialismo había decidido retirar el capítulo que proponía las modificaciones a la Ley Nacional de Manejo del Fuego. Este capítulo, el número cuatro incluido en el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, se retiró luego de que los representantes de la oposición manifestaran su rechazo casi unánime.
Ante esta situación, José Mayans solicitó que se retirara el dictamen, aunque su propuesta no fue aceptada por los senadores libertarios.
Bullrich, refiriéndose a las críticas de la oposición, defendió las modificaciones al afirmar que se habían pensado para garantizar la protección de los ciudadanos. “Al que vive en un barrio popular y los narcos le sacan la casa, ¿quién los protege?”, preguntó, resaltando que las familias son las más afectadas.
“Quiero dejar claro que la propiedad privada es certeza para los ciudadanos. Esto es poner fin a la idea de que se protege al que viola la ley”, destacó la senadora porteña. Además, criticó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al recordar que durante el último gobierno se registraron 17 mil usurpaciones sin respuesta oficial.
Al mismo tiempo, Bullrich arremetió contra los gobiernos kirchneristas al defender las modificaciones sobre las expropiaciones. Consideró que el argumento de la oposición sobre la soberanía era hipócrita, recordando episodios en los que se cedieron tierras a empresas y gobiernos extranjeros.
En su intervención, Bullrich argumentó que las modificaciones sobre el uso de la utilidad pública son necesarias para prevenir abusos por parte del Estado en el ejercicio de ese derecho.
Por otro lado, el presidente del bloque Justicialista, José Mayans, reafirmó su rechazo a la Ley de inviolabilidad de la propiedad privada, emitiendo severas críticas sobre el proceso que siguió el proyecto en el recinto y el contexto social en el que se discutía la propuesta oficialista. “No podemos acompañar esto que es un delirio”, opinó.
“Esto es inconstitucionalidad de cabo a rabo”, cuestionó el senador de Formosa sobre el contenido de la iniciativa, acusando al Gobierno de buscar enmascarar privatizaciones de empresas nacionales. También condenó las represiones ocurridas en las inmediaciones del Congreso, advirtiendo: “Esto no va a terminar bien”.
Previo a esto, varios senadores, entre ellos Edith Terezi (Chubut), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Alejandra Vigo (Córdoba), José María Carambia (Santa Cruz), Fernando Salino (San Luis) y Carolina Moisés (Jujuy), señalaron su oposición al capítulo que ingresaría modificaciones a la actual Ley Nacional de Manejo del Fuego. Resaltaron la eliminación del apartado sobre la venta de tierras a extranjeros como consecuencia de un claro rechazo popular.
Mientras el oficialismo parece haber reunido el respaldo necesario para aprobar el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, se acrecienta la preocupación en los alrededores del Congreso sobre el futuro del capítulo que contempla modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego.
Actualmente, la ley vigente, impulsada por Máximo Kirchner durante la presidencia de Alberto Fernández, prohíbe la venta y el cambio del uso de terrenos que hayan sido afectados por incendios durante un periodo de 60 años. Esta norma aplica tanto a bosques nativos como a otras áreas perjudicadas, con el objetivo de disuadir posibles incendios intencionales ligados a intereses inmobiliarios o productivos.
En contraparte, la nueva propuesta restringe la prohibición a la imposibilidad de alterar el uso y destino original de las tierras, pero sin estipular un plazo concreto. Esto implica que, tras un incendio, la superficie debe continuar con la misma función que desempeñaba previo al siniestro, aunque no se impediría la venta ni se establecería el plazo de 60 años para cualquier transferencia de titularidad.
Asimismo, se busca eliminar el artículo 22 quáter de la legislación actual, que especifica que en áreas agropecuarias, praderas, pastizales y matorrales afectados por incendios, “se prohíbe por el término de treinta (30) años desde su extinción: a) la realización de emprendimientos inmobiliarios; b) cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera previo al momento del incendio; y, c) la modificación de uso de una superficie con el fin de desarrollar prácticas agropecuarias intensivas, excepto en los casos que dichas prácticas y modalidades hubiesen antecedido al evento”.
La eliminación de este artículo busca levantar las restricciones de 30 años para el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios y cambios en la actividad agropecuaria en zonas no forestales, lo cual es el plazo vigente durante el cual está prohibido modificar el uso original del terreno afectado.
En este contexto, y tras una larga sesión, los representantes de los bloques han cerrado el debate sobre la Ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Se prevé que la votación en general comience durante la madrugada.
Mientras el Poder Ejecutivo intenta consolidar el apoyo en la Cámara Alta, persisten dudas respecto a los resultados de la votación en particular. El capítulo que propone la modificación de la Ley de Manejo del Fuego se ha convertido en el centro de la controversia.
Los enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad frente al Congreso culminaron con al menos 11 detenidos, tres agentes heridos y destrozos que se extendieron por diversas zonas del centro de la Ciudad de Buenos Aires, esto ocurre mientras en el Senado se discute el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por el gobierno de Javier Milei.
La vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, defendió la resolución que permitía la participación remota de la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti y del senador Flavio Fama en la sesión convocada para tratar la ley de propiedad privada, una medida que ella misma firmó ad referendum del cuerpo. Villarruel salió al paso de las críticas a través de un tuit, en el que enfatizó que su decisión no contradice las instituciones ni el reglamento de la Cámara alta.
Por su parte, al menos once personas fueron detenidas en la tarde de este jueves debido a los incidentes que se produjeron durante las protestas en contra de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en la ciudad de Buenos Aires, según informaron fuentes oficiales.
Las fuerzas de seguridad desplegaron un fuerte operativo con 820 oficiales ante las manifestaciones de diversas organizaciones que se oponen al proyecto que está siendo debatido en el Senado.
De acuerdo con informes oficiales, la Policía Federal realizó tres arrestos por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad.
Por otro lado, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a otras ocho personas y mantuvo la operación para dispersar a los manifestantes en la Plaza y la Avenida de Mayo.
Durante los disturbios, un gendarme y un prefecto resultaron heridos: el primero sufrió un impacto de piedra en la cabeza y fue trasladado al Hospital Churruca, mientras que el segundo recibió asistencia en el lugar.
Mientras la sesión para votar el contenido restante de la ley de propiedad privada continúa, desde algunas bancadas aliadas se expresaron preocupaciones sobre la definición particular del proyecto, en especial con respecto a los cambios en la ley de Manejo del Fuego.
Horas antes, la moción presentada por el jefe kirchnerista, Mayans, para que la iniciativa fuera devuelta a comisión, terminó en una derrota con un resultado final de 38 a 31. Esto fue interpretado como una señal de apoyo suficiente para la votación de madrugada. Sin embargo, el anuncio del radical Maximiliano Abad de no apoyar el capítulo en cuestión hizo elevar la preocupación. Se rumoraba que otro legislador podría unirse a esta postura.
Poco antes de las 20, otros referentes consultados manifestaron que el quórum para votar no estaría en peligro y que, hasta el momento, las modificaciones en la ley del fuego pasarían el filtro, aunque de manera más ajustada en comparación con otros puntos. Aún así, las dudas persisten y de cara a la madrugada el oficialismo deberá blindar al máximo su posición para evitar deserciones y, sobre todo, lo que podría ser un eventual papelón.
