La vivienda ha estado en posesión de la familia Castro desde 1968. Patricia Castro, la propietaria del inmueble, narró que su padre, José Castro Rodríguez, quien falleció en 2021, alquiló la casa en 2018 a inquilinos bolivianos que cesaron los pagos en julio de 2022 y se negaron a desocupar. “Intenté recuperar la casa por vía judicial, pero un fiscal quiso avanzar y otro decidió archivar la causa hasta que logramos la sentencia”, comentó.
La operación de desalojo, que se llevó a cabo en la intersección de Bahía Blanca y Bacacay, se realizó a pesar de que los usurpadores intentaron desmontar las cinco máquinas de coser que utilizaban en su taller. El inmueble había sido clausurado por la Guardia de Auxilio debido a un potencial riesgo de derrumbe.
Los herederos de Castro Rodríguez iniciaron el proceso de sucesión, fueron reconocidos judicialmente y reclamaron la devolución de la propiedad a través de cartas documento, sin éxito. Fue solo tras presentar una demanda judicial que se obtuvo una sentencia de desalojo definitiva en 2023.
Mientras tanto, los ocupantes se resistían a dejar el lugar, llegando incluso a subalquilar habitaciones en la vivienda. Durante la recuperación de la propiedad, Jorge Macri, Jefe de Gobierno, se reunió con Patricia y su madre, expresando: “Estos delincuentes no solamente tomaron la casa, también montaron un negocio ilegal con un taller textil clandestino. Nunca se debió haber llegado a una situación así”.
Macri continuó: “Estas son las historias que los defensores de okupas no quieren que mostremos. Siempre estaremos del lado de los porteños de bien. Durante años nadie los escuchó. Ya recuperamos 800 propiedades y liberamos, por ejemplo, un barrio entero como Balvanera. No nos vamos a detener”, en referencia a la lucha por el respeto a la propiedad privada y el orden público.
Durante el desalojo, la Policía de la Ciudad estuvo a cargo del operativo, y la Red de Atención censó a las personas presentes en la propiedad. En la acción colaboraron los ministerios de Seguridad y Desarrollo Humano junto a la Secretaría de Ordenamiento Urbano, el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la AGC y la Jefatura de Gabinete.
Hasta la fecha, la Ciudad ha devuelto más de 400 millones de dólares en propiedades que estaban tomadas, reafirmando su compromiso con el orden público y la seguridad en los barrios. “La ley es la misma, lo que cambió es la decisión política. Hay muchos vecinos que se acercan a una reunión para dejarnos un dato o hacen una denuncia porque saben que ahora el orden es una prioridad”, destacó Macri.
“Desde el Ministerio de Seguridad acompañamos esta política de orden que es un eje de la gestión del Jefe de Gobierno. En los lugares donde se devolvió una propiedad usurpada, el delito ha disminuido, lo que se logra con firmeza política y gestión”, agregó el ministro de Seguridad, Horacio Giménez.
En esta administración, la Ciudad ha promediado la recuperación de una propiedad por día hábil, con un enfoque particular en barrios como Balvanera, La Boca, Almagro, Constitución, Flores, Barracas y Palermo.
