Estos estacionamientos contaban con permisos falsificados, habían vencido o pertenecían a titulares ya fallecidos. A través de un decreto, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, estableció un plazo de 20 días para que aquellos que ocupaban esos espacios no autorizados regularizaran su situación mediante el sitio de Trámites a Distancia (TAD) o a través del correo electrónico reservaespacio@buenosaires.gob.ar.
Transcurrido el plazo, la Ciudad aplicará multas a quienes falsifiquen o modifiquen los carteles de estacionamiento reservados para personas con discapacidad, así como la suspensión de las licencias de conducir de los infractores.
“Insólito. Cuatro estacionamientos truchos en una misma cuadra. Ya van 44 en Palermo y 471 en toda la Ciudad. Se terminó el vale todo. Ley y orden”, indicó Macri.
Apropiarse de un estacionamiento sin permiso no solo constituye una infracción, sino que también afecta a los vecinos con discapacidad, quienes tienen el derecho y la necesidad de utilizar esos espacios reservados. Los responsables de estas infracciones deberán asumir los costos relacionados con la remoción de los carteles y la pintura de los cordones.
Esta iniciativa forma parte de una política de ordenamiento del espacio público que busca desarrollar un entorno más equitativo y garantizar que la Ciudad funcione bajo reglas y derechos iguales para todos los ciudadanos.
La Secretaría de Tránsito de la Ciudad ha intensificado los controles sobre la cartelería y, al detectar irregularidades, aplica medidas más severas. La nueva normativa establece que quienes generen intencionalmente situaciones irregulares o alteren el mobiliario urbano tendrán que afrontar todos los costos derivados de las acciones correctivas.
Con el endurecimiento de los controles y el incremento de las sanciones administrativas y penales, el Gobierno de la Ciudad busca asegurar la transparencia en el uso de los beneficios de inclusión urbana y garantizar el respeto de los derechos de accesibilidad.
Además, se ha enviado a la Legislatura un proyecto de ley para modificar el Código Contravencional, penalizando la falsificación o adulteración de los carteles de estacionamiento para personas con discapacidad.
